Los gobiernos de América Latina han optado por mantener una postura reservada ante los organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, frente a la intensificación de las operaciones migratorias emprendidas por Estados Unidos, de acuerdo con un análisis publicado por CNN en Español. La tendencia, documentada en el contexto de la diplomacia multilateral de septiembre de 2026, pone de relieve la complejidad de las relaciones entre Washington y sus vecinos del sur en un tema que afecta a millones de personas en tránsito o residentes en territorio estadounidense.

Según CNN en Español, la denominada ofensiva migratoria de Estados Unidos ha generado una respuesta diplomática llamativamente discreta por parte de los países de la región. A pesar de que varios de esos gobiernos son los principales países de origen o de tránsito de migrantes que buscan llegar a territorio norteamericano, sus representantes en los foros de la ONU no han formulado cuestionamientos formales ni impulsado resoluciones que interpelasen directamente las políticas migratorias de Washington. Este silencio contrasta con las declaraciones que algunos de esos mismos gobiernos realizan en sus propios espacios nacionales, donde con frecuencia abordan el impacto de las deportaciones y las restricciones de entrada sobre sus ciudadanos en el exterior.

El fenómeno refleja, según la fuente, una ecuación de intereses en la que la dependencia económica, el flujo de remesas y los acuerdos bilaterales de cooperación pesan de manera determinante sobre las decisiones diplomáticas de los países latinoamericanos. Para muchas de estas naciones, las remesas enviadas por sus connacionales desde Estados Unidos representan una proporción considerable de sus ingresos nacionales, lo que convierte cualquier tensión abierta con Washington en un riesgo percibido como demasiado costoso.

Para comprender el alcance de esta dinámica, es necesario considerar el contexto histórico de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos. Durante décadas, los flujos migratorios desde México, Centroamérica, Venezuela, Cuba, Colombia y otros países han moldeado tanto la demografía como la economía de ambas partes del continente. Las remesas hacia América Latina y el Caribe han constituido sistemáticamente una de las principales fuentes de divisas para países como El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana. Esta interdependencia estructural limita el margen de maniobra diplomática de los gobiernos receptores, que deben equilibrar la defensa de sus ciudadanos emigrados con el mantenimiento de relaciones funcionales con Estados Unidos.

En el plano multilateral, la Organización de Naciones Unidas ha sido históricamente un espacio donde los países en desarrollo han alzado la voz frente a políticas migratorias de naciones más poderosas. Sin embargo, la arquitectura de poder dentro de los organismos internacionales, junto con la influencia que Estados Unidos ejerce en materia de financiamiento y cooperación bilateral, configura un escenario en el que la confrontación directa resulta poco frecuente. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018 con el respaldo de la mayoría de los países de la región —aunque sin la firma de Estados Unidos en aquel momento—, marcó uno de los pocos episodios en que la agenda migratoria latinoamericana se articuló de forma colectiva en el ámbito de la ONU.

Para la comunidad venezolana y latina radicada en Estados Unidos, el silencio diplomático de sus países de origen en los foros internacionales tiene implicaciones concretas. La ausencia de presión multilateral puede traducirse en menores garantías de protección para quienes enfrentan procesos de deportación, menor visibilidad de sus casos ante instancias internacionales y una negociación bilateral que se desarrolla sin el contrapeso que podrían ofrecer bloques regionales organizados. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil y grupos de defensa de derechos en Estados Unidos han asumido parte de ese rol de representación, documentando casos y presentando informes ante relatores especiales de la ONU, con independencia de las posturas oficiales de los gobiernos de origen.

De acuerdo con CNN en Español, la situación plantea interrogantes sobre la capacidad de la región para articular una posición común en materia migratoria ante los organismos globales. Los próximos períodos de sesiones de la Asamblea General de la ONU y los espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) serán observados como posibles escenarios en los que esta postura podría evolucionar, o bien consolidarse en la discreción que ha caracterizado a la mayoría de los gobiernos de la región durante el presente ciclo diplomático.

Fuente: CNN en Español