El Gobierno argentino puso en marcha la segunda licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) destinada al financiamiento hipotecario, con la particularidad de que se amplían los criterios de elegibilidad para que un mayor número de ciudadanos pueda acceder a estos créditos, según informó el diario La Nación en su edición del 2 de octubre de 2026. La iniciativa forma parte de una estrategia oficial orientada a reactivar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda propia en un contexto económico que aún presenta desafíos para los sectores medios.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, esta segunda convocatoria del FGS supone una revisión de las condiciones establecidas en la ronda anterior, con el objetivo declarado de incorporar a franjas de la población que habían quedado excluidas por los requisitos iniciales. Si bien el medio no detalla cifras específicas sobre montos máximos de los préstamos ni tasas de interés definitivas en el resumen disponible, sí indica que la apertura del universo de beneficiarios constituye el cambio central de esta nueva etapa. El Ejecutivo habría identificado que la primera licitación dejó demanda insatisfecha entre trabajadores independientes, empleados con antigüedad laboral variable y personas con ingresos mixtos.
El FGS es el principal fondo de inversión administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de Argentina, y desde hace años ha sido utilizado como herramienta para canalizar recursos hacia la economía real, incluyendo líneas de crédito para infraestructura, préstamos personales y, más recientemente, financiamiento habitacional. La decisión de volcarlo nuevamente al segmento hipotecario responde, según la fuente, a la presión social por soluciones concretas ante la escasez de crédito a largo plazo que caracterizó a la economía argentina durante la última década.
El mercado hipotecario en Argentina atravesó un período de práctica parálisis entre 2018 y 2023, cuando la inflación elevada tornó inviable el otorgamiento de préstamos en pesos a tasas fijas y los créditos UVA —indexados por inflación— perdieron popularidad tras generar cuotas que se dispararon junto con los precios. La recuperación de esta modalidad de financiamiento ha sido uno de los objetivos declarados de distintas administraciones, y la instrumentación del FGS como vehículo de licitación representa un intento de sortear las limitaciones del sistema bancario tradicional, que opera con fondeo de corto plazo difícilmente compatible con hipotecas a 15 o 20 años.
En términos de antecedentes, la primera licitación del FGS para créditos hipotecarios generó una respuesta significativa por parte de los bancos participantes, aunque diversos analistas señalaron en su momento que los requisitos dejaban fuera a una porción relevante de potenciales deudores, en particular a quienes no cuentan con empleo formal en relación de dependencia. La incorporación de nuevos perfiles de solicitantes en esta segunda ronda apunta precisamente a corregir esa brecha, lo que podría incrementar el volumen de operaciones cerradas y, con ello, dinamizar el sector de la construcción y la compraventa de propiedades.
Para la comunidad latinoamericana radicada en Estados Unidos que mantiene vínculos patrimoniales o familiares en Argentina —incluyendo a argentinos en el exterior y a venezolanos u otros migrantes con propiedades o inversiones en el país— esta apertura puede representar una oportunidad indirecta. Aunque los créditos del FGS están diseñados para residentes en territorio argentino, la reactivación del mercado inmobiliario local suele traducirse en mayor liquidez y movimiento de precios, factores que afectan las decisiones de quienes conservan activos inmuebles o planean adquirirlos como reserva de valor o para el retorno eventual.
Según lo publicado por La Nación, el proceso de licitación ya fue formalmente lanzado, por lo que los próximos pasos incluirán la participación de las entidades bancarias habilitadas para operar con fondos del FGS, la recepción de solicitudes por parte de los interesados y la asignación de los recursos disponibles conforme a los criterios actualizados. El Gobierno, de acuerdo con la fuente, seguirá monitoreando la demanda para evaluar eventuales ajustes adicionales en futuras convocatorias.
Fuente: La Nación
