El Senado de Chile aprobó el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), con lo que la iniciativa queda en condiciones de convertirse en ley, según informó el medio chileno Teletrece. La votación, difundida a comienzos de octubre de 2026, pone fin a la tramitación legislativa de un texto que busca fijar con precisión en qué circunstancias y con qué límites pueden recurrir a la fuerza los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y, en determinados escenarios, las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el procedimiento legislativo chileno, un proyecto despachado por el Congreso debe superar aún algunos trámites formales antes de regir. Si contiene normas que la Constitución somete a control, corresponde una revisión previa del Tribunal Constitucional; después, el Presidente de la República lo promulga y se publica en el Diario Oficial. Solo a partir de esa publicación la norma adquiere plena vigencia. El material de origen consultado no detalla el resultado numérico de la votación, el contenido de cada artículo ni los plazos concretos de esos trámites, por lo que conviene esperar los textos oficiales del Congreso para conocer esos pormenores.

Las reglas de uso de la fuerza son el conjunto de normas que establecen cuándo es legítimo que un agente estatal emplee la coerción física o las armas, de qué modo debe hacerlo y cómo ha de rendir cuentas después. En la doctrina internacional descansan sobre principios ampliamente reconocidos: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados en 1990, son una referencia habitual en este campo. Establecen, entre otros criterios, que debe recurrirse primero a medios no violentos y que el uso de armas de fuego debe reservarse para situaciones de peligro grave.

En Chile, el debate sobre este asunto no es nuevo. Durante años, la actuación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones se guio por protocolos internos y por disposiciones dispersas, un esquema que distintos sectores consideraron insuficiente. Las protestas sociales iniciadas en octubre de 2019 intensificaron la discusión: organismos nacionales e internacionales de derechos humanos documentaron entonces numerosas personas lesionadas durante las manifestaciones y pidieron reglas más claras y mecanismos de control más robustos. Al mismo tiempo, las propias instituciones policiales y diversos parlamentarios reclamaron certezas jurídicas para los funcionarios que deben tomar decisiones en fracciones de segundo.

Otro hito en esta trayectoria fue la ley conocida como Naín-Retamal, aprobada en 2023, que modificó aspectos del régimen de legítima defensa aplicable a policías y gendarmes y entregó un mandato para avanzar hacia un marco más completo sobre el uso de la fuerza. Aquella norma respondió a una coyuntura de preocupación por la violencia contra el personal uniformado y dejó pendiente la definición detallada de los criterios operativos, que es el espacio que el proyecto de RUF pretende cubrir.

En el debate público, quienes respaldan este tipo de regulación suelen subrayar que unas reglas explícitas ofrecen seguridad jurídica a los funcionarios y reducen el margen de arbitrariedad. Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, acostumbran a insistir en que el marco incluya supervisión independiente, capacitación, registro de los episodios de uso de la fuerza y vías efectivas de reparación. Será el texto final, una vez publicado, el que permita contrastar cómo se equilibran estas dos preocupaciones.

Para la comunidad latina y venezolana en Estados Unidos, la noticia es, ante todo, de interés regional y para los chilenos residentes en el país, que siguen de cerca la actualidad política y de seguridad de su nación de origen. También resulta una referencia comparativa en un momento en que varios países latinoamericanos revisan sus marcos de seguridad pública y la relación entre las fuerzas del orden y la ciudadanía, un tema que, con matices propios, forma parte de la conversación en numerosas comunidades de la diáfora latina.

Como próximos pasos, corresponde esperar el eventual control del Tribunal Constitucional, si procede, la promulgación por parte del Ejecutivo y la publicación de la ley en el Diario Oficial. Tras ello, según el procedimiento habitual, las instituciones policiales y militares deberán adaptar sus protocolos, instrucciones y programas de formación a las nuevas disposiciones. La información aquí presentada se atribuye a Teletrece, fuente de la noticia, y los detalles definitivos dependerán de los documentos oficiales del Congreso Nacional.

Fuente: Teletrece