El Gobierno de Chile se encuentra elaborando un proyecto de ley que permitiría a los migrantes que abandonen el territorio nacional de manera voluntaria reingresar al país sin enfrentar sanciones administrativas ni prohibiciones de entrada, según informó ADN Radio el 1 de octubre de 2026. La medida representaría un cambio relevante en la política migratoria chilena, al distinguir entre la salida voluntaria ordenada y la expulsión forzosa, figuras que hasta ahora acarrean consecuencias jurídicas distintas pero que en la práctica han generado confusión e incertidumbre entre la población migrante.
De acuerdo con la información difundida por ADN Radio, el ejecutivo chileno trabaja en los detalles del proyecto con el objetivo de establecer un mecanismo claro que garantice que quienes opten por retornar a sus países de origen de forma espontánea y documentada no queden inhabilitados para solicitar un ingreso regular en el futuro. La propuesta apuntaría a desincentivar la irregularidad migratoria al ofrecer una alternativa que no cierre definitivamente las puertas a quienes decidan acogerse a ella, diferenciándola así de los procedimientos de expulsión administrativa, que sí conllevan períodos de prohibición de reingreso.
Aunque los detalles técnicos y el cronograma legislativo no han sido precisados en la información disponible, ADN Radio señala que el Gobierno habría avanzado en la formulación del marco normativo. La iniciativa implicaría coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones —conocido como Sermig—, la Policía de Investigaciones y los consulados chilenos en el exterior, instituciones que deberían articular los procedimientos de registro, verificación y eventual procesamiento de nuevas solicitudes de ingreso por parte de quienes se acojan al mecanismo.
Chile ha sido durante las últimas dos décadas uno de los principales destinos migratorios de América del Sur, atrayendo flujos provenientes principalmente de Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia y Haití. El país experimentó un incremento sostenido de la migración a partir de mediados de la década de 2010, fenómeno que se intensificó con la crisis política y económica en Venezuela y que llevó a sucesivos gobiernos a reformar el marco legal vigente. La Ley de Migración y Extranjería promulgada en 2021 reemplazó a una normativa de 1975, estableciendo nuevas categorías de visas, mayores controles fronterizos y procedimientos de regularización.
En ese contexto, la figura de la expulsión administrativa ha sido ampliamente utilizada como herramienta de gestión migratoria, pero ha sido objeto de debates en organismos de derechos humanos y en el propio Congreso, dado que puede implicar restricciones de reingreso por períodos prolongados. La propuesta ahora en preparación buscaría, precisamente, crear una categoría diferenciada que reconozca la voluntad del migrante de regularizar su situación mediante la salida ordenada, sin asimilarla a una sanción. Este enfoque es coherente con estándares internacionales promovidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que impulsa programas de retorno voluntario asistido en varios países de la región.
Para la comunidad venezolana, que constituye uno de los grupos migrantes más numerosos en Chile, esta iniciativa podría tener implicaciones prácticas significativas. Muchos connacionales se encuentran en situación migratoria irregular, ya sea por vencimiento de visas o por haber ingresado por pasos no habilitados, y temen que cualquier proceso de salida los deje inhabilitados para regresar en el futuro. Un mecanismo que garantice el reingreso legal abriría una vía para que quienes deseen retornar temporalmente a Venezuela —por razones familiares, económicas o de otra índole— puedan hacerlo sin perder la posibilidad de volver a Chile con documentación en regla. De igual forma, beneficiaría a migrantes de otras nacionalidades latinas que atraviesan situaciones similares de incertidumbre jurídica.
Según lo reportado por ADN Radio, el Gobierno chileno continuará trabajando en la formulación del proyecto antes de presentarlo formalmente al Congreso. Una vez ingresada la iniciativa al Parlamento, deberá pasar por las comisiones legislativas correspondientes, donde se espera que se debatan los alcances, requisitos y plazos del mecanismo de salida voluntaria sin sanción. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población migrante en Chile habrán de constituirse, previsiblemente, en actores relevantes durante ese proceso de discusión pública.
Fuente: ADN Radio
