Las fuerzas militares de Colombia abatieron al cabecilla financiero de Segunda Marquetalia, un alto mando del grupo disidente sindicado además de tener vínculos con la muerte de un excongresista colombiano, según informó la agencia AP News el 27 de septiembre de 2026. La operación representa uno de los golpes más significativos asestados recientemente contra la estructura económica de esa organización armada.
De acuerdo con la información difundida por AP News, el individuo abatido cumplía funciones de coordinación financiera dentro de Segunda Marquetalia, lo que implica la gestión de recursos para sostener las actividades armadas del grupo. Las autoridades colombianas señalaron su responsabilidad en el crimen de un excongresista, aunque la fuente no especificó el nombre de la víctima ni la fecha exacta de ese hecho. Las operaciones de inteligencia y seguimiento habrían permitido localizar y neutralizar al objetivo.
El Gobierno colombiano no precisó, según la fuente disponible, el lugar exacto del territorio donde se realizó el operativo, ni el número de efectivos militares involucrados. Sin embargo, la acción fue presentada como resultado de trabajo coordinado entre distintas unidades de las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia del Estado, en el marco de la política de seguridad vigente.
Segunda Marquetalia es la disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazó el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la cúpula guerrillera. El grupo está liderado por Iván Márquez, uno de los principales negociadores del acuerdo que luego abandonó el proceso. La organización opera principalmente en zonas fronterizas con Venezuela, Ecuador y Panamá, y ha sido vinculada por organismos internacionales al narcotráfico, la extorsión y el desplazamiento forzado de poblaciones rurales.
La estructura financiera de los grupos armados irregulares en Colombia ha sido históricamente uno de sus pilares de sostenimiento. Según organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el narcotráfico constituye la principal fuente de ingresos para estas organizaciones, complementado con extorsión a empresas, minería ilegal y secuestro. Neutralizar a los responsables de manejar esos recursos busca debilitar la capacidad operativa del grupo de manera estructural, más allá de los golpes tácticos convencionales.
La violencia persistente de grupos como Segunda Marquetalia tiene repercusiones directas para las comunidades colombianas y venezolanas en zonas fronterizas, muchas de las cuales son escenario de disputa territorial. Para la diáspora venezolana en Estados Unidos y América Latina, la estabilidad de Colombia es un asunto de interés inmediato: miles de migrantes venezolanos transitan o residen en regiones colombianas afectadas por la presencia de grupos disidentes, lo que condiciona rutas migratorias, acceso a servicios y seguridad personal. Organizaciones humanitarias han documentado la presión que estos grupos ejercen sobre poblaciones en tránsito.
En el plano político interno, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha alternado entre iniciativas de paz negociada con distintos grupos armados y operaciones militares directas cuando los diálogos se interrumpen o fracasan. Las conversaciones con Segunda Marquetalia han atravesado periodos de avance y retroceso sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo, lo que mantiene activo el conflicto en varias regiones del país.
Según la información proporcionada por AP News, las autoridades colombianas no descartaron continuar con operativos similares contra otros mandos de la organización. Los próximos pasos, de acuerdo con la fuente, dependerán del desarrollo de las investigaciones en curso y de la evaluación que realicen las Fuerzas Militares sobre el impacto real de este golpe en la estructura del grupo disidente.
Fuente: AP News
