El Gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia ha modificado el protocolo que regula el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las protestas, una decisión que ha generado críticas, según informó la agencia AP News el 14 de octubre de 2026. El cambio afecta al marco que orienta la actuación de la fuerza pública cuando se producen manifestaciones en el país.

El material de origen disponible se limita a señalar el cambio normativo y la existencia de cuestionamientos, sin detallar el articulado del nuevo protocolo ni los argumentos concretos de cada parte. Por ello, LATIVA NEWS atribuye la información a AP News y remite a los textos oficiales y al despacho original para conocer el alcance exacto de las modificaciones, que este medio no ha podido verificar de manera independiente.

Para entender la dimensión del asunto conviene recordar el marco legal. La Constitución colombiana, en su artículo 37, reconoce el derecho de toda parte del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y la ley solo puede establecer límites expresos. A partir de ese principio, el Estado debe garantizar el ejercicio de la protesta y, al mismo tiempo, preservar el orden público y la seguridad de las personas, un equilibrio que ha sido objeto de debate recurrente en el país.

Uno de los antecedentes más relevantes es la sentencia STC7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, dictada tras las movilizaciones de finales de 2019. El alto tribunal ordenó al Gobierno adoptar medidas para garantizar la protesta pacífica y revisar la actuación de la fuerza pública en ese contexto. Posteriormente, el paro nacional de 2021 volvió a poner el tema en el centro de la agenda: organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país ese año, documentaron denuncias sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones.

En ese periodo se adoptó además el Decreto 003 de 2021, que estableció un estatuto sobre la reacción, el uso y la verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica. Años más tarde, el Gobierno anterior reformó la estructura de la fuerza antidisturbios, que dejó de operar bajo el esquema del antiguo Esmad y pasó a un modelo que, según se anunció entonces, daba mayor peso al diálogo y a la prevención.

A escala internacional, el debate suele referirse a los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados en 1990. Esos principios apuntan a que el recurso a la fuerza sea legal, necesario y proporcionado, y a que se use únicamente cuando otros medios resulten ineficaces. Cualquier modificación de un protocolo nacional suele evaluarse a la luz de esos criterios y de la jurisprudencia de las cortes colombianas y del sistema interamericano.

La noticia tiene también resonancia para la comunidad venezolana y latina. Colombia es el principal país de acogida de migrantes venezolanos, con cerca de 2,8 millones de personas según estimaciones de organismos internacionales, muchas de ellas amparadas por el Estatuto Temporal de Protección creado en 2021. Las reglas que rigen las manifestaciones se aplican a todas las personas que se encuentran en el territorio, sin distinción de nacionalidad. Asimismo, la numerosa diáspora colombiana en Estados Unidos, con presencia destacada en Florida, Nueva York y Nueva Jersey, sigue con atención los cambios institucionales en su país de origen.

Según el procedimiento habitual en Colombia, los actos administrativos de este tipo pueden ser objeto de seguimiento por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organizaciones de la sociedad civil, y quedan sujetos a eventual revisión judicial por parte de las altas cortes. Cabe esperar, por tanto, que se conozcan en los próximos días el texto íntegro del protocolo, las explicaciones del Ejecutivo y las posiciones de quienes han expresado reparos, información que AP News y otros medios continuarán actualizando.

Fuente: AP News