El Gobierno de Cuba acusó de «piratería» a Estados Unidos a raíz de las incautaciones de cargamentos de combustible, según informó Diario Las Américas el 8 de octubre de 2026. La denuncia, formulada por las autoridades de La Habana, se suma a la prolongada serie de reproches cruzados entre ambos países en torno a las restricciones económicas y al abastecimiento energético de la isla.

La publicación recoge el calificativo empleado por el Ejecutivo cubano, que presenta las retenciones como una acción contraria al derecho internacional. El material consultado no precisa el número de buques o cargamentos afectados, su procedencia, el momento exacto de las operaciones ni el fundamento jurídico que habría invocado Washington. Por ello, esos extremos deben esperar confirmación en comunicados oficiales de ambas partes. Conviene subrayar que se trata de una acusación del Gobierno cubano y que la versión de las autoridades estadounidenses no figura en la información de origen.

El término elegido tiene un significado jurídico preciso. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, define en su artículo 101 la piratería como todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometido con un propósito personal por la tripulación de un buque privado contra otra embarcación en alta mar. Dado que esa definición se refiere a actos privados, la aplicación del término a decisiones de un Estado constituye, sobre todo, una calificación política. El debate jurídico de fondo suele centrarse en otras cuestiones: la jurisdicción sobre las aguas donde se actúa, la competencia de cada país para hacer cumplir sus sanciones y el alcance extraterritorial de sus normas.

La disputa se inscribe en un conflicto de más de seis décadas. Estados Unidos impuso un embargo económico a Cuba a comienzos de los años sesenta, y la ley Helms-Burton de 1996 codificó buena parte de esas restricciones. Washington sostiene que se trata de sanciones soberanas vinculadas a la promoción de la democracia y de los derechos humanos. La Habana las denomina «bloqueo» y las señala como una de las causas principales de sus dificultades económicas. Desde 1992, la Asamblea General de la ONU aprueba casi cada año, con amplia mayoría, una resolución que reclama el fin del embargo, aunque ese texto no es jurídicamente vinculante.

El combustible ocupa un lugar central en esa pugna. Cuba produce solo una parte del petróleo que consume y depende de importaciones para mantener en marcha su sistema eléctrico, sustentado en gran medida en termoeléctricas envejecidas, como la central Antonio Guiteras. En los últimos años, la isla ha sufrido apagones prolongados y, en octubre de 2024, un colapso del sistema eléctrico nacional dejó sin servicio a buena parte del país. Históricamente, Cuba ha recibido crudo de aliados como Venezuela y, según diversos reportes, también de otros proveedores, entre ellos México y Rusia. Cualquier alteración en esas rutas de suministro repercute en el transporte, la generación de electricidad y los servicios básicos.

Para la comunidad cubana en Estados Unidos, el asunto tiene una dimensión cotidiana: muchas familias mantienen vínculos directos con la isla, a la que envían remesas y ayuda, y siguen de cerca cualquier cambio que afecte la electricidad, el transporte o el acceso a bienes esenciales. Dentro de esa comunidad coexisten posturas diversas sobre la eficacia y las consecuencias de las sanciones. La comunidad venezolana, por su parte, conoce bien el papel que su país desempeñó durante años como suministrador de petróleo a La Habana, de modo que los cambios en esas rutas también forman parte de su atención informativa. Para el conjunto de los latinos en el país, la discusión remite a cómo se aplican las sanciones estadounidenses y a qué efectos tienen en terceros países de la región.

De cara a los próximos días, cabe esperar que se conozcan más detalles sobre las operaciones citadas: las razones concretas de las incautaciones, los barcos y las empresas implicadas, y la posición oficial de Washington. Cuba suele llevar sus reclamos relativos al embargo a foros multilaterales, como la Asamblea General de la ONU, que cada otoño examina la cuestión. Mientras tanto, la información publicada por Diario Las Américas constituye, por ahora, la referencia de la acusación formulada por el Gobierno cubano, cuya validez dependerá de la confirmación de los hechos por las partes y por fuentes independientes.

Fuente: Diario Las Américas