La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció públicamente que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue «mal aplicada» desde su entrada en vigencia, según informó HolaNews el martes 29 de septiembre de 2026. La declaración representa un reconocimiento inusual por parte de una alta funcionaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre las deficiencias en la ejecución de una normativa que, desde su aprobación, estuvo en el centro de una aguda controversia nacional e internacional.

De acuerdo con la información publicada por HolaNews, Rodríguez no precisó en sus declaraciones qué casos concretos considera que fueron objeto de una aplicación incorrecta, ni si el gobierno contempla medidas de revisión, reparación o modificación legislativa como consecuencia de este reconocimiento. Tampoco especificó ante qué audiencia o en qué contexto realizó las declaraciones, por lo que los alcances prácticos de su admisión permanecen sin definir según la fuente citada.

La Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano convocado por el gobierno y cuya legitimidad fue rechazada en ese momento por la oposición venezolana y por numerosos gobiernos de la región. La norma estableció penas de hasta veinte años de prisión para quienes incurran en actos considerados de promoción del odio, la discriminación o la violencia, con disposiciones que los críticos calificaron desde el principio de excesivamente amplias y susceptibles de ser utilizadas para criminalizar la disidencia política, el periodismo independiente y la actividad en redes sociales.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documentaron a lo largo de los años posteriores a su aprobación múltiples casos en que la ley habría sido aplicada contra periodistas, activistas, líderes comunitarios y usuarios de plataformas digitales que habían expresado críticas al gobierno. Estos organismos señalaron reiteradamente que la redacción de la norma carecía de la precisión jurídica necesaria para garantizar la seguridad legal de los ciudadanos y que su implementación podría contravenir los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

El reconocimiento de Rodríguez ocurre en un contexto en que Venezuela atraviesa una etapa de escrutinio internacional renovado sobre sus prácticas en materia de derechos humanos y libertades civiles. Durante los últimos años, el país ha sido objeto de informes críticos por parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos documentos han señalado patrones de represión contra la disidencia. En ese marco, cualquier reconocimiento oficial de errores en la aplicación de legislación sensible adquiere una dimensión que va más allá de la gestión administrativa interna.

Para la comunidad venezolana en el exterior, particularmente la que reside en Estados Unidos y que sigue de cerca la situación política y jurídica en su país de origen, la declaración de Rodríguez puede tener una lectura múltiple. Por un lado, representa un gesto que algunos podrían interpretar como apertura a revisar instrumentos legales controvertidos; por otro, la ausencia de detalles concretos sobre correcciones o compensaciones para quienes fueron procesados bajo esa ley genera interrogantes sobre el alcance real del reconocimiento. Organizaciones de la diáspora venezolana han sostenido históricamente que la normativa fue empleada como mecanismo de control político, y la admisión oficial de su «mala aplicación» podría reavivar los llamados a una revisión judicial de los casos derivados de ella.

Según la fuente, hasta el momento del reporte no se habían anunciado medidas gubernamentales concretas vinculadas a esta declaración, como revisiones de sentencias, liberaciones de personas condenadas bajo esa ley o propuestas de reforma legislativa. Lo que ocurra en las semanas siguientes, en términos de acciones institucionales que acompañen o no las palabras de la vicepresidenta, determinará si el reconocimiento trasciende el plano discursivo, conforme indique la evolución de la información que difundan fuentes oficiales y organismos de verificación independientes.

Fuente: HolaNews