La dirigente venezolana Delcy Rodríguez afirmó que la inversión petrolera de empresas de Estados Unidos en Venezuela alcanzará los 76.000 millones de dólares, según informó el medio LatinUS en una nota difundida el 18 de octubre de 2026. El resumen de la publicación disponible no precisa el plazo en el que se materializaría ese monto, las compañías implicadas ni los mecanismos de financiación, por lo que la cifra debe entenderse, por ahora, como una proyección atribuida a la propia Rodríguez.

Conviene subrayar el alcance de lo que se conoce. La información procede de una única fuente, LatinUS, que a su vez recoge las palabras de la dirigente venezolana. No constan, en el material consultado, confirmaciones independientes de empresas privadas, del Gobierno estadounidense ni de organismos del sector energético. Cualquier lectura sobre el calendario o la naturaleza de esos desembolsos (inversión directa, empresas mixtas, contratos de servicio u otras fórmulas) exigirá detalles que las partes aún no han hecho públicos en la fuente citada. La responsabilidad sobre la exactitud del dato corresponde a la fuente original.

Para valorar el anuncio resulta útil recordar el peso de los hidrocarburos en la economía venezolana. El país posee, según los registros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en torno a los 300.000 millones de barriles. Buena parte de ese volumen se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, un yacimiento de petróleo pesado y extrapesado cuya extracción y procesamiento requieren tecnología específica, mejoradores de crudo y una infraestructura de transporte considerable.

La industria fue nacionalizada en 1976, con la creación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) como empresa estatal. Durante los años noventa se impulsó una apertura que permitió la participación de compañías extranjeras en proyectos de la Faja. En 2007 se reorganizó ese esquema: los convenios existentes se transformaron en empresas mixtas en las que PDVSA debía mantener la mayoría accionarial, y algunas petroleras internacionales abandonaron el país o recurrieron a procesos de arbitraje. Desde entonces, la relación entre el Estado y los inversionistas extranjeros ha estado marcada por cambios regulatorios y disputas contractuales.

En paralelo, la producción nacional descendió de forma sostenida. De superar los tres millones de barriles diarios a finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, pasó a situarse por debajo del millón de barriles diarios en los últimos años, de acuerdo con las cifras publicadas por la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía. Entre las causas que suelen citar los especialistas figuran la falta de inversión y mantenimiento, el deterioro de las instalaciones, la salida de personal técnico cualificado y las sanciones financieras y petroleras impuestas por Washington a partir de 2019 contra PDVSA.

Estados Unidos y Venezuela mantienen, además, una larga historia de vínculos energéticos. Las refinerías de la costa del Golfo de México, en Texas y Luisiana, fueron diseñadas en buena medida para procesar crudos pesados como los venezolanos, y el país sudamericano fue durante décadas uno de los principales proveedores de petróleo de ese mercado. En los últimos años, algunas compañías estadounidenses, entre ellas Chevron, han operado en territorio venezolano al amparo de licencias específicas otorgadas por el Departamento del Tesoro, que han sido modificadas, ampliadas o restringidas según el momento político.

Una cifra de 76.000 millones de dólares, de concretarse, tendría una magnitud considerable para un sector que necesita rehabilitar campos, reparar oleoductos y plantas de mejoramiento, y garantizar un suministro eléctrico estable. No obstante, la ejecución de proyectos de esta escala suele depender de factores como la seguridad jurídica, el régimen de sanciones vigente, los precios internacionales del crudo y las condiciones de financiación, aspectos sobre los que el resumen de LatinUS no ofrece información.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el anuncio tiene un interés particular. Cientos de miles de venezolanos residen en el país, con una presencia notable en Florida y Texas, estados con fuerte actividad energética y comercial. Los cambios en la relación económica entre ambas naciones pueden influir en el entorno de las remesas, en las oportunidades laborales y empresariales vinculadas al sector, y en las decisiones de quienes mantienen proyectos de inversión o familiares en Venezuela. Por ahora, se trata de una declaración sin detalles verificables sobre su alcance.

Habrá que esperar, según se desprende de la información disponible, a que se divulguen los términos concretos: las empresas participantes, los plazos de ejecución, el marco legal aplicable y las eventuales autorizaciones de las autoridades estadounidenses. LatinUS, como fuente de la nota, es la referencia para consultar el contenido íntegro de las declaraciones de Delcy Rodríguez.

Fuente: LatinUS