El Gobierno argentino evalúa presentar una denuncia contra Irán ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), según informó el medio MDZ Online el 8 de octubre de 2026. De acuerdo con esa publicación, la iniciativa se encuentra en fase de análisis y no consta, hasta ahora, una decisión definitiva ni un calendario para formalizarla.

La información atribuida a la fuente se limita, por el momento, a señalar que el Ejecutivo estudia esta alternativa en el plano internacional. El material consultado no detalla qué organismos intervienen en la evaluación, qué fundamentos jurídicos se manejan ni qué respaldo tendría la propuesta. Por ello, cualquier precisión adicional dependerá de los anuncios oficiales que se produzcan en las próximas semanas.

El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 en el edificio de la AMIA, en la calle Pasteur, en el barrio porteño de Balvanera, en Buenos Aires. La explosión de un vehículo cargado con explosivos causó la muerte de 85 personas y heridas a más de trescientas, lo que lo convirtió en el ataque terrorista más grave registrado en la historia argentina. Dos años antes, en 1992, una explosión había destruido la sede de la Embajada de Israel en la capital, en un hecho que la justicia argentina también ha vinculado con redes similares.

La investigación judicial ha atravesado décadas de dificultades. En 2006, los fiscales a cargo de la causa acusaron formalmente al Gobierno iraní de entonces de haber dirigido el atentado y a la organización libanesa Hezbolá de haberlo ejecutado. En 2007, Interpol aprobó circulares rojas de búsqueda contra varios exfuncionarios iraníes. Teherán ha rechazado de forma reiterada cualquier responsabilidad y no ha permitido que los sospechosos sean interrogados por la justicia argentina.

El expediente ha estado también marcado por episodios de fuerte repercusión institucional. En 2013, Argentina e Irán firmaron un memorando de entendimiento para facilitar el avance de la causa, un acuerdo que generó un intenso debate interno y que posteriormente fue declarado inconstitucional por la justicia argentina. En enero de 2015 murió el fiscal Alberto Nisman, que había impulsado la acusación durante años y que horas antes debía presentar su denuncia ante el Congreso. En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal declaró que el atentado fue un acto atribuible a Irán y ejecutado por Hezbolá, una conclusión que el Gobierno de Teherán también rechazó.

En el plano del derecho internacional, la CPI, con sede en La Haya, funciona en virtud del Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Ese tratado limita la competencia del tribunal a los crímenes cometidos a partir de esa fecha y, en general, a los perpetrados en el territorio de un Estado parte o por nacionales de uno de ellos. Argentina es Estado parte desde su ratificación, mientras que Irán firmó el Estatuto pero no lo ratificó. Estos son los parámetros jurídicos que suelen examinarse cuando se analiza cualquier presentación ante ese tribunal, y el Ejecutivo no ha precisado cómo los abordaría.

Para la comunidad latinoamericana y venezolana en Estados Unidos, el caso tiene resonancia por su dimensión regional. El atentado de la AMIA es un referente en los debates sobre seguridad y cooperación judicial en el hemisferio, y su desarrollo suele seguirse con atención en comunidades hispanas y judías de ciudades como Miami o Nueva York, donde residen numerosos argentinos y descendientes de la región. Además, las discusiones sobre la presencia de redes vinculadas a Irán en América Latina forman parte de la agenda diplomática entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos.

Según lo publicado por MDZ Online, el siguiente paso será la definición del Gobierno sobre si formaliza o no la denuncia. De concretarse, correspondería a la fiscalía de la CPI valorar si el asunto encaja dentro de su competencia, un proceso que, por lo general, requiere un examen preliminar antes de cualquier decisión. Las autoridades argentinas no han comunicado todavía plazos, y habrá que esperar a una confirmación oficial para conocer el alcance de la iniciativa.

Fuente: MDZ Online