El diario puertorriqueño El Nuevo Día publicó una columna de opinión titulada «El freno humano a la Inteligencia Artificial», que se suma a la conversación sobre el papel de las personas en el desarrollo y el uso de sistemas automatizados. El material disponible para esta nota se limita al título y a la referencia de la publicación, de modo que los argumentos concretos del autor corresponden por entero a la fuente original y no se reproducen ni se interpretan aquí.
La expresión «freno humano» remite a un principio de gobernanza tecnológica conocido en el ámbito anglosajón como «human in the loop»: la idea de que una persona con capacidad real de revisar, corregir o detener una decisión automatizada debe formar parte de procesos que afectan a otras personas. El debate abarca sectores tan distintos como la salud, la banca, la selección de personal, la educación o la administración de justicia, donde los algoritmos ya se emplean para clasificar, recomendar o priorizar.
Este planteamiento no es nuevo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptó en 2019 una serie de principios sobre inteligencia artificial que incluyen la responsabilidad y la supervisión humana. En noviembre de 2021, los 193 Estados miembros de la UNESCO aprobaron una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que insiste en que la responsabilidad última de las decisiones debe recaer en personas y no en máquinas. A ello se añadió el Marco de Gestión de Riesgos de IA del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), publicado en enero de 2023 como guía voluntaria para organizaciones.
En el terreno normativo, la Unión Europea dio un paso significativo con su Reglamento de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en agosto de 2024 y se aplica de forma escalonada. Para los sistemas considerados de alto riesgo, la norma exige que estén diseñados de manera que puedan ser vigilados de forma efectiva por personas durante su uso. En paralelo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en marzo de 2024 una resolución que promueve sistemas de inteligencia artificial seguros y fiables, y el Consejo de Europa abrió ese mismo año a la firma un convenio marco sobre la materia. La cumbre de seguridad de la IA celebrada en Bletchley Park (Reino Unido) en noviembre de 2023 reunió a gobiernos y empresas en torno a los riesgos de los modelos más avanzados.
En Estados Unidos no existe una ley federal única que regule la inteligencia artificial en su conjunto. El marco actual combina directrices de agencias, normas sectoriales ya vigentes, órdenes ejecutivas que han cambiado con las administraciones y leyes aprobadas por algunos estados, como Colorado, que ha legislado sobre sistemas de alto riesgo y discriminación algorítmica. En ese contexto, la discusión sobre cuánta supervisión humana debe exigirse, y quién la ejerce, sigue abierta tanto en el Congreso como en los parlamentos estatales y en los territorios, entre ellos Puerto Rico.
Académicos y organismos especializados han señalado, además, que incluir a una persona en el proceso no basta por sí solo. La literatura sobre interacción entre humanos y máquinas describe el llamado «sesgo de automatización», la tendencia a confiar en las recomendaciones de un sistema aunque existan indicios para dudar de ellas. Por ello, los expertos suelen subrayar que una supervisión efectiva requiere formación, tiempo suficiente, información comprensible sobre cómo funciona la herramienta y autoridad real para contradecir su resultado.
Para la comunidad hispana y venezolana en Estados Unidos, el asunto tiene aplicaciones cotidianas. La inteligencia artificial interviene cada vez más en la atención al cliente de bancos y aseguradoras, en la evaluación de solicitudes de crédito o de empleo, en las herramientas de traducción y en numerosos trámites digitales. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha advertido, por su parte, sobre estafas que recurren a la clonación de voz. En materia de crédito, la normativa federal obliga a las entidades a comunicar los motivos de una denegación, incluso cuando intervienen modelos automatizados, lo que permite a los consumidores solicitar explicaciones y, si procede, una revisión.
De cara a los próximos meses, cabe esperar que el debate continúe en varios frentes: la aplicación gradual de las obligaciones del reglamento europeo, las iniciativas legislativas estatales en Estados Unidos y los foros multilaterales sobre gobernanza de la inteligencia artificial. Quienes deseen conocer el planteamiento exacto de la columna pueden consultar el texto completo en El Nuevo Día, fuente de la que procede el título citado y única responsable de su contenido.
Fuente: El Nuevo Día
