El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantendrá sin alteraciones su política de detenciones de personas migrantes, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el domingo 27 de septiembre de 2026. La agencia negó categóricamente que existan cambios en curso respecto a los protocolos que rigen la aprehensión y custodia de individuos en situación migratoria irregular, de acuerdo con información difundida por Univisión.

Según la misma fuente, el DHS emitió una declaración oficial en la que subrayó que las directrices operativas de ICE continúan siendo las mismas que han estado en vigor, rechazando así versiones que habían comenzado a circular sobre una posible revisión de los criterios de priorización o de los procedimientos de detención. La aclaración del departamento llega en un momento en que cualquier ajuste a estas políticas genera atención significativa tanto en comunidades inmigrantes como en círculos legislativos y judiciales del país.

El DHS no proporcionó, según la información disponible, detalles adicionales sobre el origen de los rumores que motivaron la aclaración, ni precisó si alguna propuesta interna había sido considerada y descartada. No obstante, la postura oficial es inequívoca: las normas de detención de ICE permanecen inalteradas, y la agencia continuará aplicándolas conforme a los parámetros establecidos.

Para comprender la relevancia de esta declaración, es necesario situar la política de detenciones de ICE en su contexto histórico. Durante los últimos años, la agencia ha operado bajo distintos marcos de priorización que han variado según la administración de turno. En períodos anteriores, se establecieron jerarquías que concentraban los esfuerzos de detención en personas con antecedentes penales graves o con órdenes de deportación pendientes. Sin embargo, en otros momentos, las directrices se han ampliado para incluir a una población más amplia de migrantes sin documentos, lo que ha generado constantes debates entre defensores de los derechos civiles, autoridades locales y el gobierno federal.

La capacidad de detención de ICE es un elemento central del sistema migratorio estadounidense. La agencia administra una red de centros de detención propios y contratados a terceros distribuidos a lo largo del territorio nacional, donde permanecen personas mientras se resuelve su situación legal ante los tribunales de inmigración. Este sistema ha sido objeto de escrutinio recurrente por parte de organizaciones de derechos humanos, que en distintas ocasiones han señalado preocupaciones sobre las condiciones de los centros y los tiempos de espera, los cuales pueden extenderse por meses o incluso años debido a la acumulación de casos en el sistema judicial migratorio.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, cualquier movimiento —o negación de movimiento— en las políticas de ICE tiene repercusiones directas y concretas. Miles de personas originarias de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países latinoamericanos se encuentran en distintas etapas del proceso migratorio, ya sea con solicitudes de asilo activas, con permisos temporales o en situación irregular mientras aguardan resoluciones judiciales. La reafirmación de que las políticas de detención no variarán implica que el marco legal y operativo bajo el cual estas personas deben navegar su situación permanece sin modificaciones, lo que obliga a quienes enfrentan vulnerabilidad migratoria a mantenerse informados y a contar con asesoría legal actualizada.

Asimismo, organizaciones de defensa migratoria y gobiernos locales de ciudades consideradas santuario han estado atentos a cualquier señal de cambio federal que pudiera afectar los acuerdos tácitos o formales sobre la cooperación —o falta de ella— entre autoridades locales e ICE. La declaración del DHS cierra, al menos temporalmente, la especulación sobre una posible reorientación de la agencia en ese sentido.

Según la información atribuida a Univisión, no se han anunciado fechas para revisiones futuras de la política ni se ha convocado a sesiones de consulta con partes interesadas. Los próximos pasos dependerán, en buena medida, de los desarrollos legislativos en el Congreso y de eventuales resoluciones judiciales que puedan imponer o levantar restricciones sobre la forma en que ICE conduce sus operaciones de detención en todo el territorio estadounidense.

Fuente: Univision