El partido independentista catalán Junts per Catalunya acordó rechazar los dos decretos de vivienda promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, según informó el diario El País el 1 de octubre de 2026. La decisión, adoptada por la formación liderada por Carles Puigdemont, representa un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo central y uno de los grupos parlamentarios cuyo apoyo resulta determinante para la gobernabilidad de la minoría parlamentaria socialista.
De acuerdo con la información publicada por El País, Junts comunicó internamente su posición contraria a ambas normas antes de que estas fueran sometidas a votación en el Congreso de los Diputados. Aunque la fuente no detalla el contenido específico de cada decreto, sí señala que se trata de dos iniciativas legislativas en materia de vivienda impulsadas por el Gobierno. El rechazo de Junts, sumado al de otras fuerzas de oposición, haría inviable la convalidación de dichas normas en la Cámara baja, poniendo en riesgo su entrada en vigor.
La postura de Junts no responde únicamente a discrepancias técnicas sobre política habitacional, sino que se inserta en una dinámica más amplia de negociación permanente entre el partido catalán y el Ejecutivo. Desde que el PSOE depende de apoyos externos para sostener su mayoría parlamentaria, Junts ha ejercido una influencia notable sobre la agenda legislativa del Gobierno, condicionando su voto en función de concesiones en ámbitos como la financiación autonómica, la amnistía o las competencias de Cataluña. Este patrón de comportamiento convierte cada decreto o proyecto de ley en una oportunidad de presión política.
La vivienda se ha consolidado como uno de los principales debates sociales en España durante los últimos años. El encarecimiento del alquiler en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, junto con las dificultades de acceso a la compra para jóvenes y familias de renta media, ha llevado a sucesivos gobiernos a buscar fórmulas legislativas para intervenir en el mercado. La Ley de Vivienda aprobada en 2023 ya generó una intensa controversia entre el Ejecutivo central, las comunidades autónomas del Partido Popular y los agentes del sector inmobiliario. Desde entonces, el Gobierno ha recurrido al decreto-ley como vía rápida para complementar esa legislación, aunque ese instrumento requiere convalidación parlamentaria en el plazo de treinta días, lo que lo expone a los vaivenes de la aritmética del Congreso.
La dependencia del Ejecutivo de Sánchez de una mayoría fragmentada —que incluye a Sumar, ERC, Bildu, el PNV, el BNG y Junts, entre otros— ha convertido la tramitación legislativa en un ejercicio de equilibrio constante. No es la primera vez que uno o varios de estos socios votan en contra de medidas gubernamentales: en anteriores ocasiones, el rechazo de decretos ómnibus o de presupuestos prorrogados ha forzado al Gobierno a replantear sus estrategias o a renegociar el contenido de las normas. En el ámbito de la vivienda, esta fragmentación resulta especialmente visible, dado que las competencias en urbanismo y ordenación del territorio están mayoritariamente transferidas a las comunidades autónomas, lo que genera fricciones adicionales entre los distintos niveles de administración.
Para la comunidad latina residente en España, y particularmente para los inmigrantes venezolanos y latinoamericanos que habitan en las grandes ciudades, las políticas de vivienda tienen una repercusión directa. Este colectivo se concentra con frecuencia en los segmentos más tensionados del mercado del alquiler, donde los precios han crecido de forma sostenida y la oferta de vivienda asequible es escasa. La paralización de medidas destinadas a contener los precios o ampliar el parque público de alquiler puede traducirse en mayores dificultades para acceder a una vivienda digna a un coste razonable. En ese sentido, el resultado de esta votación parlamentaria trasciende el debate político partidista y afecta a la vida cotidiana de miles de familias.
Según la información recogida por El País, la próxima fase será la votación formal en el pleno del Congreso de los Diputados, donde se determinará si los decretos son convalidados, rechazados o tramitados como proyectos de ley. El Gobierno deberá evaluar si negocia modificaciones con Junts u otros grupos para revertir la situación, o si opta por presentar las mismas medidas a través de una vía legislativa alternativa que no requiera convalidación urgente.
Fuente: EL PAÍS
