El debate sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y su relación con el poder político ha recuperado protagonismo en el escenario público hispanohablante, según recoge el diario español La Razón en un análisis publicado el jueves 24 de septiembre de 2026. La pieza coloca a la justicia —su independencia, sus tiempos y su credibilidad— como el verdadero eje de la disputa política contemporánea, por encima de otros temas que suelen dominar la agenda informativa.
De acuerdo con la publicación de La Razón, la pregunta sobre quién controla o influye en los tribunales ha pasado a ser tan determinante para la ciudadanía como los asuntos económicos o sociales que históricamente han movilizado el voto y la opinión pública. El medio español sugiere que la percepción de impunidad o de justicia selectiva erosiona la confianza institucional de manera más profunda y duradera que otras crisis coyunturales, aunque no aporta cifras concretas en el material disponible.
El contexto en el que se inscribe este debate es amplio. España lleva varios años inmersa en una discusión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que gobierna la carrera de los jueces y que permaneció en funciones con su mandato caducado durante un período prolongado, lo que generó tensiones entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición. La negociación para su renovación ha sido objeto de intercambios de declaraciones entre fuerzas políticas que acusan a sus rivales de querer politizar la cúpula judicial.
Este fenómeno no es exclusivo de España. En América Latina, la independencia judicial ha sido uno de los debates más recurrentes de las últimas décadas. Países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador han sido señalados por organismos internacionales —entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— por la subordinación de sus poderes judiciales al ejecutivo, lo que ha derivado en la persecución de opositores, periodistas y activistas mediante procesos judiciales cuestionados. En el extremo opuesto, naciones como Uruguay, Costa Rica y Chile han consolidado tradiciones de mayor autonomía judicial, aunque tampoco están exentas de presiones políticas.
La tensión entre justicia e influencia política no es un fenómeno nuevo. Desde la teoría de la separación de poderes formulada por Montesquieu en el siglo XVIII, los sistemas democráticos han intentado blindar a los jueces de las presiones del poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo, en la práctica, los mecanismos de designación de magistrados —que en la mayoría de los países pasan por instancias políticas— crean inevitables vínculos que la ciudadanía percibe con desconfianza creciente. Encuestas realizadas en distintos países de la región en años recientes han mostrado de forma consistente que los poderes judiciales figuran entre las instituciones con menor confianza popular.
Para las comunidades venezolanas y latinas en Estados Unidos, el tema tiene una resonancia particular. Muchos de quienes emigraron de Venezuela, Cuba, Nicaragua o El Salvador lo hicieron, en parte, porque percibieron que los tribunales de sus países de origen no ofrecían garantías reales de protección frente a la arbitrariedad del Estado. La posibilidad de acceder a un sistema judicial independiente ha sido, para numerosos migrantes, uno de los elementos que valoran del país receptor. Al mismo tiempo, el debate sobre la politización de la justicia en democracias consolidadas como España o incluso en Estados Unidos —donde las batallas en torno a la composición de la Corte Suprema han sido frecuentes— les resulta familiar y, en ocasiones, inquietante.
Según lo publicado por La Razón, el próximo período político en España y en otros países del entorno estará marcado por la presión ciudadana para que se avance en reformas que garanticen mayor transparencia en la designación de jueces y en el funcionamiento de los tribunales. El medio no detalla plazos concretos ni medidas específicas anunciadas por ningún gobierno, pero sí apunta a que el tema difícilmente abandonará la primera línea del debate público en el corto plazo.
Fuente: La Razón
