Las empresas están incorporando herramientas de inteligencia artificial a un ritmo superior a su capacidad para supervisarlas, según plantea Infobae en un artículo difundido en octubre de 2026 que aborda cómo evitar errores, filtraciones de información y sanciones regulatorias. El enfoque, recogido en el titular y el resumen de la publicación, refleja una inquietud creciente en el entorno corporativo: la tecnología avanza con rapidez, mientras que los mecanismos internos de control, formación y cumplimiento normativo suelen construirse de manera más lenta.
El planteamiento de Infobae identifica tres frentes de riesgo que las organizaciones deben atender cuando despliegan sistemas de IA generativa y de automatización. El primero son los errores: respuestas inexactas, resultados sesgados o decisiones automatizadas que no han sido verificadas por una persona. El segundo son las filtraciones, es decir, la posibilidad de que datos confidenciales de clientes, empleados o de la propia compañía terminen expuestos al introducirse en plataformas externas. El tercero son las sanciones, derivadas del incumplimiento de normas de protección de datos y de reglas específicas sobre inteligencia artificial.
Este artículo se basa en el titular y el resumen publicados por Infobae, por lo que las conclusiones y recomendaciones concretas del medio deben consultarse en su texto original. A partir de ese planteamiento, resulta útil repasar el marco general en el que se discute el asunto, apoyado en hechos ampliamente documentados y en las guías que organismos públicos y de normalización han difundido en los últimos años.
Los antecedentes muestran por qué la supervisión se ha convertido en una prioridad. En 2023, la compañía surcoreana Samsung restringió el uso de herramientas de IA generativa entre su personal después de que se informara de que empleados habían introducido código interno en un chatbot público. Ese mismo año, en Estados Unidos, un tribunal federal de Nueva York sancionó a dos abogados que presentaron un escrito con citas de casos inexistentes generadas por una herramienta de IA, en el conocido caso Mata contra Avianca. En 2024, un tribunal canadiense resolvió que Air Canada debía responder por la información errónea que su asistente virtual había ofrecido a un cliente sobre tarifas por duelo.
En el plano regulatorio, el panorama también se ha ido definiendo. La Unión Europea aprobó su Reglamento de Inteligencia Artificial, que entró en vigor en agosto de 2024 y se aplica de forma escalonada, con obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo de cada sistema y multas que pueden alcanzar cifras muy elevadas en los casos más graves. A ello se suma el Reglamento General de Protección de Datos europeo, que ya ha servido de base para sanciones relacionadas con sistemas de IA: en diciembre de 2024, la autoridad italiana de protección de datos impuso a OpenAI una multa de 15 millones de euros por incumplimientos en el tratamiento de información personal.
En Estados Unidos no existe una ley federal integral equivalente, pero sí un conjunto de referencias voluntarias y de normas estatales. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publicó en enero de 2023 su Marco de Gestión de Riesgos de la IA, que propone organizar el trabajo en funciones de gobierno, mapeo, medición y gestión. Por su parte, la norma internacional ISO/IEC 42001, publicada a finales de 2023, establece requisitos para implantar un sistema de gestión de la inteligencia artificial dentro de una organización. Varios estados han aprobado además leyes sobre decisiones automatizadas, transparencia y protección del consumidor, y las agencias federales han recordado que las normas vigentes sobre publicidad engañosa, discriminación y privacidad también se aplican a los productos que usan IA.
Estas referencias coinciden en medidas de gobernanza básicas que suelen recomendarse a las empresas: elaborar un inventario de las herramientas de IA que utiliza cada área, definir políticas claras sobre qué datos pueden compartirse con servicios externos, mantener revisión humana en las decisiones de mayor impacto, formar a los empleados y documentar los procesos para poder demostrar el cumplimiento ante un regulador. También es habitual que se aconseje revisar los contratos con proveedores tecnológicos, en particular las cláusulas sobre el uso y la conservación de los datos introducidos.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el tema tiene una doble lectura práctica. Por un lado, numerosos profesionales y emprendedores hispanos dirigen pequeños negocios que adoptan asistentes virtuales, herramientas de traducción o programas de automatización para ganar eficiencia, y para ellos las cuestiones de privacidad de clientes y de cumplimiento normativo son igualmente relevantes, aunque cuenten con menos recursos que las grandes corporaciones. Por otro, como consumidores y trabajadores, las personas pueden verse afectadas por sistemas automatizados utilizados en procesos de selección, atención al cliente o evaluación crediticia, ámbitos en los que las normas de protección contra la discriminación y de transparencia siguen vigentes.
De cara a los próximos meses, cabe esperar que continúe la entrada en aplicación de las obligaciones previstas en el marco europeo y que las compañías con presencia internacional ajusten sus protocolos internos a esas exigencias. En Estados Unidos, el debate legislativo y las iniciativas estatales seguirán definiendo el alcance de las responsabilidades empresariales. Quienes deseen conocer las recomendaciones específicas planteadas por Infobae pueden acudir a la publicación original del medio, fuente de la información sobre la que se sustenta este artículo.
Fuente: Infobae
