El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este martes que el gobierno estadounidense trabaja activamente con la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 —controlada por la oposición y reconocida por Washington como el último órgano legislativo legítimo del país— con el objetivo de que Venezuela celebre elecciones "lo antes posible", según informó Infobae. La declaración representa una de las señales más explícitas emitidas por la administración estadounidense respecto a su estrategia para intentar impulsar una transición política en el país sudamericano.

De acuerdo con la fuente, Rubio subrayó que la coordinación entre el gobierno de Estados Unidos y ese cuerpo legislativo opositor busca establecer las condiciones necesarias para que se realice un proceso electoral que, desde la perspectiva de Washington, pueda considerarse libre y justo. El funcionario no precisó un calendario concreto ni detalló los mecanismos específicos de esa colaboración, aunque el uso de la expresión "lo antes posible" refleja la urgencia con la que la administración estadounidense aborda la situación política venezolana, según la misma fuente.

La Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 obtuvo una mayoría calificada de dos tercios para la oposición, convirtiéndose en el primer parlamento de ese tipo en Venezuela en más de una década. Aunque el gobierno del presidente Nicolás Maduro la desplazó progresivamente mediante la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y luego mediante la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias en 2020 —cuyo resultado fue ampliamente cuestionado por gobiernos occidentales y organizaciones internacionales—, el parlamento de 2015 preservó reconocimiento formal por parte de varios países, entre ellos Estados Unidos, durante años. En ese contexto, fue el respaldo político que fundamentó la figura del entonces líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado reconocido por decenas de naciones entre 2019 y 2023.

El escenario político venezolano se tornó especialmente tenso a raíz de las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, pero se negó a publicar las actas de votación desagregadas que acreditaran el resultado. La oposición, liderada en esa contienda por la Plataforma Unitaria Democrática, presentó copias de las actas recopiladas por sus testigos, las cuales indicaban una victoria del candidato Edmundo González Urrutia. La controversia generó presión internacional renovada sobre el gobierno venezolano y derivó en condenas por parte de organismos como el Centro Carter, que actuó como observador y cuestionó la falta de transparencia en el conteo oficial.

En este contexto de cuestionamiento a la legitimidad del proceso electoral de 2024, la administración estadounidense ha mantenido e intensificado su política de presión sobre Caracas, combinando sanciones económicas con respaldo diplomático a sectores opositores. La decisión de Rubio de referirse públicamente a la Asamblea Nacional de 2015 como interlocutor activo señala que Washington continúa reconociendo en ese organismo una fuente de autoridad alternativa a las instituciones controladas por el gobierno de Maduro. Esta postura tiene antecedentes directos en la política exterior seguida durante la primera administración de Donald Trump, cuando el reconocimiento de Guaidó fue la pieza central del relacionamiento de EE. UU. con la oposición venezolana.

Para la numerosa comunidad venezolana residente en Estados Unidos —estimada en más de medio millón de personas según datos del Pew Research Center, concentrada especialmente en Florida, Texas y ciudades como Miami y Houston— las declaraciones de Rubio adquieren resonancia directa. Muchos emigraron precisamente como consecuencia de la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela, y siguen de cerca cualquier señal que pueda anticipar un cambio en el gobierno del país. La posibilidad de un proceso electoral negociado representa, para una parte significativa de esa diáspora, la expectativa de condiciones que pudieran eventualmente facilitar el retorno o mejorar las circunstancias de sus familiares que permanecen en el país.

Según lo reportado por Infobae, no se especificaron los próximos pasos formales de la coordinación entre el Departamento de Estado y la Asamblea Nacional de 2015, ni se mencionaron fechas tentativas para ningún proceso electoral. La evolución de las conversaciones, así como cualquier eventual negociación con el gobierno venezolano, determinará si las declaraciones de Rubio se traducen en avances concretos o permanecen como una declaración de principios dentro de la política exterior de Washington hacia Caracas.

Fuente: Infobae