Los periodistas en México llevan décadas enfrentando amenazas físicas en el ejercicio de su profesión, pero según reporta el Chicago Tribune en su edición del 28 de septiembre de 2026, una tendencia adicional se afianza con fuerza: el uso sistemático de demandas civiles y penales como mecanismo de presión contra comunicadores, lo que organizaciones de defensa de la prensa denominan internacionalmente como "litigios estratégicos contra la participación pública", conocidos por sus siglas en inglés como SLAPP.
De acuerdo con el reporte del Chicago Tribune, el incremento de estas acciones judiciales representa una capa adicional de riesgo para quienes cubren temas de corrupción, crimen organizado y política en el país. Las demandas, que en muchos casos no prosperan ante los tribunales, cumplen de todas formas su propósito: agotar económicamente a los periodistas, distraerlos de su trabajo investigativo y generar un clima de autocensura. La publicación señala que el fenómeno se extiende tanto a grandes medios como a reporteros independientes y corresponsales locales que operan en zonas de alta peligrosidad.
El Chicago Tribune documenta que esta combinación de presión física y legal coloca a México entre los entornos más difíciles del mundo para ejercer el periodismo. Aunque el artículo no precisa cifras exactas sobre el número total de demandas interpuestas durante el último año, sí indica que la percepción entre los propios periodistas mexicanos es que los recursos judiciales se emplean cada vez con mayor frecuencia como sustituto —o complemento— de la intimidación directa. En ese contexto, algunos comunicadores han optado por exiliarse o por moderar el tono de sus coberturas ante la imposibilidad material de costear una defensa legal prolongada.
Para comprender la magnitud del problema, conviene recordar que México figura de manera recurrente entre los países más peligrosos para la prensa en los índices elaborados por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). A lo largo de los últimos veinte años, decenas de reporteros han sido asesinados en el país, en su mayoría en regiones donde el crimen organizado ejerce una influencia determinante sobre la vida pública. Los estados de Veracruz, Guerrero, Sonora y Tamaulipas han concentrado históricamente la mayor parte de los casos de violencia documentada contra periodistas.
En ese contexto de violencia física persistente, la expansión de las demandas judiciales como herramienta de hostigamiento supone un desplazamiento táctico que varios expertos en libertad de prensa han advertido en distintas latitudes de América Latina. El recurso legal tiene la ventaja, para quien lo emplea con fines intimidatorios, de operar dentro de los cauces formales del Estado de derecho, lo que dificulta su denuncia y visibilización. A diferencia de una agresión física, una demanda judicial no activa los mismos mecanismos de protección internacional ni genera la misma cobertura mediática, aunque sus efectos sobre la labor periodística pueden ser igualmente paralizantes.
Para la comunidad latinoamericana en Estados Unidos —y en particular para los numerosos periodistas mexicanos y centroamericanos que trabajan desde el exilio o que mantienen vínculos estrechos con redacciones en sus países de origen— esta tendencia tiene implicaciones directas. Varios comunicadores que emigraron precisamente para escapar de amenazas físicas en México se encuentran ahora ante la posibilidad de que acciones legales iniciadas en su país puedan alcanzarlos a través de mecanismos de cooperación judicial internacional o afectar a familiares que permanecen en territorio mexicano. Además, el fenómeno refuerza la importancia de los programas de asistencia legal y periodística que organizaciones con sede en Estados Unidos ofrecen a periodistas latinoamericanos en situación de riesgo.
Según se desprende del reporte del Chicago Tribune, la atención internacional hacia este fenómeno es creciente, y organizaciones de defensa de la prensa trabajan en estrategias legales y de documentación para contrarrestar el uso abusivo de los tribunales. Los próximos pasos en este frente, de acuerdo con la publicación, pasan por una mayor presión diplomática desde instancias internacionales, el impulso a reformas legislativas que desincentiven las demandas temerarias y el fortalecimiento de fondos de ayuda jurídica destinados a periodistas. La evolución de estas iniciativas marcará, en buena medida, si la tendencia logra revertirse o si continúa consolidándose como una amenaza estructural para la libertad de prensa en México.
Fuente: Chicago Tribune
