Seis especialistas del ámbito sanitario plantearon cambios al sistema de salud de República Dominicana y cuestionaron sus deficiencias, según informó Diario de Salud en un reportaje difundido en octubre de 2026. La publicación recoge sus valoraciones sobre el funcionamiento actual del modelo y las modificaciones que, a su juicio, serían necesarias para mejorar el acceso y la calidad de la atención en el país caribeño.
De acuerdo con el medio, los profesionales coinciden en que existen carencias que afectan a la población y proponen ajustes en la organización y el funcionamiento del sistema. El resumen de la noticia disponible no detalla los nombres de los expertos, las cifras que manejan ni el contenido íntegro de cada propuesta, por lo que LATIVA NEWS remite a la publicación original para esos pormenores. Las opiniones expuestas corresponden exclusivamente a los especialistas consultados por Diario de Salud, y la responsabilidad sobre la exactitud de la información recae en esa fuente.
Para comprender el alcance del debate conviene repasar cómo está construido el sistema. En 2001, República Dominicana aprobó dos normas fundamentales: la Ley General de Salud (Ley 42-01) y la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (Ley 87-01). Esta última estableció un esquema de aseguramiento con tres regímenes: el contributivo, destinado a trabajadores asalariados y financiado por aportes de empleadores y empleados; el subsidiado, dirigido a personas en situación de pobreza y financiado por el Estado; y el contributivo subsidiado, concebido para trabajadores independientes con ingresos limitados.
El entramado institucional que sostiene ese diseño es amplio. El Ministerio de Salud Pública ejerce la rectoría del sector; el Consejo Nacional de Seguridad Social define las políticas del sistema; y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales supervisa a las aseguradoras. El Seguro Nacional de Salud (Senasa) opera como aseguradora pública, mientras que las Administradoras de Riesgos de Salud privadas completan la oferta de aseguramiento. A ello se sumó, con la Ley 123-15 de 2015, la creación del Servicio Nacional de Salud, organismo encargado de administrar la red de hospitales y centros públicos con el propósito de separar las funciones de rectoría, aseguramiento y prestación de servicios.
Pese a más de dos décadas de implementación, el funcionamiento del modelo ha sido objeto de revisiones frecuentes por parte de académicos, gremios médicos y organismos internacionales. Entre los asuntos que suelen aparecer en ese debate figuran la amplitud de la cobertura efectiva, la proporción de gastos que las familias asumen directamente, la coordinación entre las distintas instituciones, la disponibilidad de personal y medicamentos, y el fortalecimiento del primer nivel de atención. Este último es un eje que la Organización Mundial de la Salud promueve desde hace décadas como base de los sistemas sanitarios, por su capacidad para prevenir enfermedades y reducir la presión sobre los hospitales.
La discusión tiene también un eco fuera de la isla. La comunidad dominicana es una de las más numerosas entre los latinos que residen en Estados Unidos, y muchas familias mantienen vínculos cotidianos con sus lugares de origen, desde el envío de apoyo económico hasta la atención de parientes mayores. Para los venezolanos y otros latinoamericanos en ese país, el análisis de los sistemas de salud de la región resulta cercano, pues varios comparten desafíos similares, como la fragmentación entre subsistemas públicos y privados, las desigualdades de acceso entre zonas urbanas y rurales y la necesidad de financiamiento estable. Conocer estas experiencias permite situar en contexto las dificultades que enfrentan muchas familias migrantes al buscar atención médica.
En cuanto a los próximos pasos, el material de origen no precisa que las autoridades hayan anunciado medidas concretas en respuesta a los planteamientos. Cualquier modificación de calado en el sistema suele requerir procesos de consulta con los actores del sector y, según su naturaleza, ajustes normativos que corresponderían a las instituciones competentes. Será relevante seguir las posibles reacciones del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional de Salud y de los órganos del sistema de seguridad social, así como la ampliación que pueda ofrecer Diario de Salud sobre las propuestas de los seis especialistas.
Fuente: Diario de Salud
