Una mesa de diálogo en Venezuela negocia el retiro de la inhabilitación política que pesa sobre candidatos opositores, según informó Diario Las Américas el 16 de octubre de 2026. El medio sitúa así en el centro de la conversación una de las cuestiones más delicadas entre el oficialismo y la oposición: las condiciones en que los aspirantes pueden presentarse a procesos electorales. El resumen publicado no detalla quiénes integran la mesa, qué plazos se manejan ni si existen acuerdos concretos, de modo que esos elementos deberán confirmarse mediante comunicaciones oficiales de las partes.
La información conocida hasta ahora se limita, por tanto, al hecho esencial: existe un espacio de negociación y la situación de los candidatos inhabilitados figura entre sus asuntos. Conviene distinguir entre la apertura de una discusión y su resultado. Que un tema esté sobre la mesa no implica que vaya a resolverse en un sentido determinado, ni que las partes coincidan en el alcance de una eventual medida, es decir, a quiénes beneficiaría y bajo qué procedimiento.
Para entender la materia en discusión es útil recordar qué es la inhabilitación. En Venezuela, la Contraloría General de la República puede imponer sanciones administrativas que impiden ejercer cargos públicos por un periodo de hasta quince años, a raíz de procedimientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Las autoridades han defendido estas medidas como consecuencia de investigaciones administrativas. Dirigentes opositores, organizaciones de derechos humanos y algunos organismos internacionales sostienen, en cambio, que se han utilizado para apartar a figuras políticas de la competencia electoral, y que se aplican sin las garantías de un proceso judicial.
El asunto tiene una larga trayectoria. Leopoldo López fue inhabilitado en 2008, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 2011 que esa sanción vulneraba sus derechos políticos, una sentencia que el Estado venezolano no acató. Henrique Capriles recibió en 2017 una inhabilitación de quince años. En junio de 2023 se conoció la que afectó a María Corina Machado, también por quince años, meses antes de que ganara con amplio margen las elecciones primarias de la oposición, celebradas en octubre de ese año. En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó esa inhabilitación, lo que la dejó fuera de la boleta presidencial.
Aquel contexto se enmarca en el Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria con acompañamiento internacional, en el que se pactaron garantías electorales de cara a la elección presidencial de 2024 y la posibilidad de que cada fuerza política escogiera a su candidato. Las partes discreparon después sobre su cumplimiento, en particular respecto de las inhabilitaciones. Las elecciones del 28 de julio de 2024 estuvieron seguidas de resultados controvertidos: el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras la oposición presentó actas que, según afirmó, respaldaban el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia. Varios gobiernos y organismos pidieron transparencia y verificación independiente de los resultados.
Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, el tema resulta especialmente seguido. Organismos internacionales estiman en más de siete millones el número de venezolanos que han salido del país en la última década, y Estados Unidos, con núcleos destacados en Florida, Texas y otros estados, alberga a una parte significativa de ellos. Muchos mantienen vínculos familiares, económicos y cívicos con Venezuela, y las condiciones de participación electoral, incluidas las de los candidatos y las del voto desde el exterior, influyen en sus expectativas sobre un eventual regreso o sobre su relación con el país de origen. Medios como Diario Las Américas, con amplia audiencia en el sur de Florida, dan seguimiento específico a estos desarrollos.
En términos jurídicos, el eventual levantamiento de una inhabilitación dependería de las instancias con competencia en la materia, como la Contraloría General, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, según el caso. Las partes todavía no han precisado, según el material disponible, cuál sería el mecanismo. Lo que corresponde ahora es esperar comunicados oficiales de los participantes en la mesa, el calendario de las próximas reuniones y, en su caso, las decisiones formales de las instituciones que deberían ejecutar cualquier acuerdo. LATIVA NEWS atribuye esta información a Diario Las Américas y la actualizará cuando existan datos confirmados por fuentes oficiales.
Fuente: Diario Las Américas
