La Ley de Economía Digital avanza en México y ha devuelto al centro de la conversación pública una pregunta recurrente: qué lugar ocupará el dinero en efectivo en un país cada vez más conectado a los pagos electrónicos. Así lo recoge un reporte de Yahoo difundido el 8 de octubre de 2026, que plantea el asunto en forma de interrogante y que constituye la única fuente de esta información.
Conviene precisar los límites de lo conocido. El material disponible no detalla el articulado de la iniciativa, el órgano que la impulsa, la etapa exacta del trámite ni el calendario previsto. Tampoco confirma que el proyecto contemple restricciones al uso de billetes y monedas. Por ello, cualquier alcance concreto de la norma deberá verificarse en los textos oficiales que se publiquen, y la responsabilidad sobre el contenido original recae en el medio citado.
Para entender el alcance del debate es útil recordar que impulsar los pagos digitales no equivale a suprimir el efectivo. En México, los billetes y las monedas emitidos por el Banco de México tienen curso legal conforme a la Ley Monetaria, de modo que un cambio sustancial en ese principio exigiría una modificación legislativa expresa. Lo que sí existe desde hace años son límites a ciertas operaciones en efectivo, establecidos por la normativa contra el lavado de dinero, que afectan sobre todo a compras de alto valor, como inmuebles o vehículos.
El país cuenta, además, con una trayectoria regulatoria en materia financiera digital. El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por el Banco de México, permite desde comienzos de este siglo transferencias entre bancos en tiempo real. En 2018 se aprobó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, que dio un marco jurídico a las plataformas de financiamiento colectivo, a los fondos de pago electrónico y a otros servicios financieros basados en tecnología. Posteriormente, el banco central puso en marcha herramientas como CoDi y DiMo, orientadas a cobrar y pagar mediante códigos QR o números de teléfono móvil.
Pese a esos avances, el efectivo conserva un peso considerable en la vida cotidiana. Las encuestas de inclusión financiera y los estudios del Banco de México han señalado de manera reiterada que una parte importante de los hogares, en especial en zonas rurales y en comunidades con menor acceso bancario, sigue recurriendo a los billetes para sus compras diarias. A ello se suma un dato estructural: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad, un sector donde el pago en efectivo es habitual y donde la bancarización ha avanzado con mayor lentitud.
En el plano internacional, la discusión no es exclusiva de México. Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales han analizado en los últimos años las ventajas de la digitalización: mayor trazabilidad, reducción de costos de transacción y posibilidad de ampliar el acceso a servicios financieros. Al mismo tiempo, advierten de retos que deben atenderse, entre ellos la brecha de conectividad, la ciberseguridad, la protección de datos personales y las comisiones que pueden afectar a los pequeños comercios. Esos factores suelen ocupar un lugar central cuando los legisladores abordan marcos de economía digital.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, y en particular para quienes mantienen vínculos familiares o económicos con México, el tema tiene una dimensión práctica. México es uno de los principales receptores de remesas del mundo, y buena parte de esos envíos procede de Estados Unidos. Los canales digitales ya forman parte de ese flujo, por lo que los cambios regulatorios en materia de pagos podrían influir en la forma de enviar y recibir dinero. La fuente citada no especifica, sin embargo, si la iniciativa incluye disposiciones sobre remesas, de modo que habrá que esperar a conocer su contenido.
En cuanto a los próximos pasos, el reporte indica que la propuesta sigue su curso. Corresponderá a las autoridades competentes dar a conocer el texto completo y los plazos, y es habitual que este tipo de normas pasen por discusiones en el ámbito legislativo y por consultas con el sector financiero, los comercios y la ciudadanía. Será entonces cuando pueda evaluarse con precisión qué medidas contempla la ley y de qué manera afectará a quienes utilizan efectivo a diario.
Fuente: Yahoo
