Ganar un año de vida en plena salud tiene un precio concreto y, según revela un estudio publicado este sábado y recogido por Andalucía Información, ese coste no supera los 6.200 euros por año de vida ajustado por calidad (AVAC). El hallazgo, atribuido a los investigadores responsables del análisis, ofrece una referencia cuantitativa relevante para quienes toman decisiones sobre política sanitaria, financiación pública de tratamientos y asignación de recursos en los sistemas de salud.
De acuerdo con la fuente, la cifra de 6.200 euros representa el coste promedio de las intervenciones sanitarias evaluadas cuando se mide su efectividad en términos de años de vida saludable ganados. Esta métrica, conocida en el ámbito de la economía de la salud como coste por AVAC, permite comparar la eficiencia de distintos tratamientos, programas de prevención o tecnologías médicas con independencia de la enfermedad que aborden. El estudio, según Andalucía Información, apunta a que muchas de las intervenciones analizadas se sitúan por debajo de los umbrales de coste-efectividad habitualmente aceptados en los sistemas sanitarios europeos.
La investigación, según la misma fuente, resalta que este umbral es considerablemente inferior a los baremos que con frecuencia manejan organismos reguladores como el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) del Reino Unido, que históricamente ha fijado su referencia entre las 20.000 y las 30.000 libras esterlinas por AVAC. En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y organismos autonómicos de evaluación de tecnologías sanitarias trabajan también con umbrales propios, aunque no siempre explícitos, lo que convierte estudios como el citado en insumos valiosos para el debate público sobre sostenibilidad del sistema.
Para comprender la relevancia de este dato es necesario situar el concepto de AVAC en su contexto. Este indicador combina dos dimensiones: la cantidad de vida ganada con una intervención médica y la calidad de esa vida, ponderada en una escala que va de cero (muerte) a uno (salud perfecta). Su uso se generalizó a partir de los años noventa del siglo pasado como herramienta para racionalizar el gasto sanitario y evitar que los sistemas públicos financiaran tratamientos costosos con beneficios mínimos o viceversa. La economía de la salud lo adoptó como estándar internacional para la evaluación de tecnologías sanitarias, y hoy es referencia obligada en los procesos de aprobación de nuevos medicamentos y terapias en la Unión Europea.
España gasta en sanidad alrededor del 7 al 8 por ciento de su producto interior bruto, según datos históricos del Ministerio de Sanidad y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, la discusión sobre qué intervenciones deben ser financiadas con fondos públicos sigue siendo uno de los debates más complejos en la gestión sanitaria. La pandemia de COVID-19 aceleró la reflexión sobre la eficiencia del gasto en salud: los sistemas que habían invertido en prevención y atención primaria mostraron mayor resiliencia, lo que revalorizó precisamente el tipo de análisis coste-efectividad que el estudio ahora publicado contribuye a alimentar.
Para la comunidad latina en Estados Unidos, y especialmente para los venezolanos y otros latinoamericanos residentes en ese país, la cuestión de cuánto cuesta mejorar la salud de una persona tiene implicaciones directas. Muchos de estos colectivos carecen de cobertura sanitaria amplia o dependen de programas públicos como Medicaid, y con frecuencia deben sopesar el acceso a tratamientos frente a sus costes de bolsillo. Investigaciones que cuantifican la eficiencia de las intervenciones sanitarias pueden influir en políticas de cobertura tanto en Europa como en los debates legislativos sobre acceso a la salud en Estados Unidos, donde el coste por AVAC también se utiliza en evaluaciones de organismos como el Institute for Clinical and Economic Review (ICER).
Según la información difundida por Andalucía Información, los próximos pasos apuntan a que los resultados del estudio podrían ser considerados por administraciones sanitarias y organismos de evaluación de tecnologías médicas a la hora de revisar sus criterios de financiación y cobertura. La publicación del análisis en un momento en que varios países europeos debaten la sostenibilidad de sus sistemas de salud pública le otorga una pertinencia adicional, al ofrecer datos que podrían orientar decisiones sobre qué tratamientos y programas preventivos merecen respaldo institucional en función de su impacto real en la salud de la población.
Fuente: Andalucía Información
