La senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, ha solicitado formalmente a la administración del presidente Donald Trump que retire una propuesta que restringiría el acceso a créditos fiscales para los beneficiarios de los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), según informó el Las Vegas Sun el 2 de octubre de 2026. La legisladora argumenta que la medida afectaría de manera directa a cientos de miles de personas que trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la economía del país de manera legal bajo dichos programas federales.
De acuerdo con la información publicada por el Las Vegas Sun, Cortez Masto envió una comunicación oficial a funcionarios de la administración Trump en la que señala que la propuesta impondría restricciones al crédito fiscal que actualmente pueden reclamar los beneficiarios de DACA y TPS al momento de presentar su declaración de impuestos. La senadora sostiene que estos individuos cumplen con sus obligaciones tributarias como cualquier otro contribuyente y que excluirlos de beneficios fiscales disponibles para el resto de los trabajadores constituiría un trato inequitativo que no se justifica ni legal ni económicamente. Cortez Masto no precisó en el comunicado revisado por el medio cuál sería el monto específico de crédito afectado, pero sí subrayó que las consecuencias recaerían principalmente sobre familias de ingresos medios y bajos.
Según la fuente, la legisladora también destacó el peso numérico de esta comunidad en estados como Nevada, donde la población beneficiaria de DACA y TPS representa una porción significativa de la fuerza laboral en sectores como la hostelería, la construcción y los servicios de salud. Cortez Masto instó a la administración a reconsiderar la propuesta antes de que avance en el proceso legislativo o reglamentario, y anunció que continuará presionando desde el Senado para garantizar que estas personas no sean objeto de medidas que, a su juicio, las penalizan por su condición migratoria en lugar de evaluar su historial contributivo.
DACA fue establecido por decreto ejecutivo en 2012 durante la administración del presidente Barack Obama. El programa otorga protección temporal frente a la deportación y permiso de trabajo a personas que llegaron a Estados Unidos siendo niños, sin que mediara una decisión propia. Por su parte, el TPS es una designación humanitaria que el gobierno federal concede a nacionales de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que imposibilitan el retorno seguro. Ambos programas han sido objeto de disputas legales y políticas recurrentes a lo largo de los últimos años, con intentos de cancelación y sucesivas renovaciones que han mantenido a sus beneficiarios en un estado de incertidumbre jurídica prolongado.
En materia tributaria, los beneficiarios de DACA y TPS que cuentan con número de Seguro Social válido o con un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) están legalmente obligados a declarar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y, en función de su situación familiar e ingresos, pueden ser elegibles para créditos como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) o el Crédito Tributario por Hijos. Las propuestas que limitarían ese acceso han sido criticadas por organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes, quienes argumentan que introducen una distinción basada en el estatus migratorio dentro del sistema fiscal federal, un ámbito que históricamente ha operado con criterios de residencia y registro de ingresos, no de ciudadanía.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, muchos de cuyos integrantes se encuentran amparados bajo TPS —dado que Venezuela es uno de los países con designación vigente bajo ese programa— la propuesta reviste una importancia particular. Perder acceso a créditos fiscales podría traducirse en una mayor carga económica para familias que ya enfrentan los desafíos propios de la integración en un nuevo país, incluyendo el envío de remesas a sus lugares de origen y el acceso a vivienda y educación en el mercado estadounidense. La presión ejercida por legisladores como Cortez Masto es vista por grupos de defensa como un paso necesario para proteger esos derechos dentro del marco legal existente.
Según lo reportado por el Las Vegas Sun, Cortez Masto prevé continuar coordinando esfuerzos con otros legisladores del Senado que comparten su posición, con miras a bloquear la propuesta o forzar modificaciones que excluyan a los beneficiarios de DACA y TPS del alcance de la restricción fiscal. La administración Trump no había emitido una respuesta pública a la solicitud de la senadora al momento del cierre de la nota periodística.
Fuente: Lasvegassun
