El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que agrupa a las principales cúpulas del sector privado de México, propuso aumentar las compras de petróleo y combustibles a Estados Unidos con el fin de reducir el déficit comercial, según informó el medio Fortuna y Poder en una nota difundida el 12 de octubre de 2026. La iniciativa se plantea como una vía para equilibrar el intercambio de bienes entre los dos países, que mantienen una de las relaciones comerciales más intensas del mundo.

Hasta donde consta en el material publicado por Fortuna y Poder, la propuesta se centra en el sector energético: más crudo y más derivados, como gasolinas y diésel, adquiridos a proveedores estadounidenses. El texto de origen no detalla volúmenes, plazos ni mecanismos concretos de ejecución, por lo que esos aspectos quedan pendientes de precisión por parte del propio CCE o de las autoridades correspondientes. Tampoco se ha confirmado, en la información disponible, si el Gobierno mexicano ha respondido formalmente a la sugerencia.

El CCE es una instancia de representación empresarial que actúa como interlocutor del sector privado ante el Gobierno federal y que suele presentar posturas sobre política económica, inversión y comercio exterior. Sus planteamientos tienen carácter de propuesta y no vinculan por sí mismos a las autoridades, de modo que su alcance depende de la acogida que reciban en las negociaciones y en las decisiones de política pública.

Para entender el planteamiento conviene recordar el trasfondo. México y Estados Unidos están estrechamente integrados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 y sucesor del TLCAN. El propio acuerdo contempla una revisión conjunta en su sexto año de vigencia, un proceso que ha ocupado un lugar destacado en la agenda económica regional. En ese contexto, Washington ha señalado de forma reiterada el saldo comercial con sus socios como un asunto de interés, y los sectores empresariales de la región buscan alternativas para atenuar tensiones.

El terreno energético ofrece una particularidad. Estados Unidos es desde hace años un proveedor relevante de gasolinas, diésel y otros refinados para el mercado mexicano, en parte porque la capacidad de refinación nacional no cubre la totalidad de la demanda interna. Al mismo tiempo, México exporta crudo y manufacturas, y su mercado automotriz, electrónico y agroalimentario tiene un peso considerable en las ventas hacia el norte. La estructura de estos flujos explica por qué la energía aparece entre los rubros donde sería factible modificar las cifras del intercambio.

El debate sobre las compras de combustibles también se cruza con la política energética mexicana, que en las últimas décadas ha alternado entre impulsar la capacidad de refinación propia y recurrir a importaciones para abastecer el consumo. Cualquier ajuste en las adquisiciones externas involucraría a empresas privadas, a la petrolera estatal Pemex y a la infraestructura de transporte y almacenamiento, factores que condicionan la viabilidad de cambios en el corto plazo. La fuente no entra en estos aspectos, que forman parte del contexto general del sector.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el tema tiene relevancia por varias razones. Muchas familias y negocios de origen latinoamericano participan en cadenas de transporte, distribución y comercio transfronterizo que dependen del flujo de mercancías entre ambos países, y los cambios en el comercio bilateral pueden reflejarse en precios, empleo logístico y actividad en estados fronterizos como Texas, California, Arizona y Nuevo México. Además, el petróleo y sus derivados guardan un vínculo cercano con los precios de la gasolina, que inciden en el presupuesto de los hogares. Cabe subrayar que la información disponible no cuantifica ningún efecto concreto sobre consumidores ni sobre empleos.

Como próximos pasos, será necesario que el CCE o las autoridades de ambos países den a conocer detalles adicionales sobre la propuesta, entre ellos cifras de referencia, calendarios y posibles instrumentos para aplicarla. La responsabilidad sobre la exactitud de lo informado corresponde a la fuente citada, Fortuna y Poder, y esta redacción dará seguimiento a los pronunciamientos oficiales que se produzcan.

Fuente: Fortuna y Poder