El Tribunal Supremo de Estados Unidos inició este lunes 5 de octubre su nuevo período de sesiones con la inmigración y las cuestiones electorales entre los asuntos de mayor relevancia de su agenda, según informó el medio HolaNews. La Corte, con sede en Washington D. C., retoma así su actividad ordinaria en un momento de intensa atención pública sobre las resoluciones del máximo órgano judicial del país.

La nota de HolaNews, que sirve de base a este despacho, identifica ambos campos como ejes del curso judicial que arranca. El material consultado no detalla el listado completo de casos ni las fechas de las vistas, por lo que cualquier precisión sobre expedientes concretos corresponde a los documentos oficiales del propio tribunal, que publica su calendario y sus órdenes de forma periódica.

El inicio del curso en octubre no es una casualidad: la ley federal establece que el período ordinario de sesiones comienza el primer lunes de ese mes. Desde entonces y hasta finales de junio o principios de julio, los nueve magistrados escuchan alegatos orales, deliberan a puerta cerrada y emiten sus sentencias. Antes de la apertura suele celebrarse la llamada «conferencia larga», en la que el pleno decide qué peticiones de revisión admite a trámite. El presidente de la Corte, John Roberts, dirige el tribunal desde 2005, y su composición actual cuenta con seis jueces designados por presidentes republicanos y tres por presidentes demócratas, todos con mandato vitalicio.

En materia migratoria, el Supremo ha sido históricamente un árbitro del reparto de competencias entre el Gobierno federal, los estados y los tribunales inferiores. Entre sus pronunciamientos más conocidos figuran el caso Arizona contra Estados Unidos, de 2012, que reafirmó la primacía federal en la regulación migratoria; la sentencia de 2018 sobre las restricciones de viaje, que avaló la autoridad del presidente en ese terreno; y la decisión de 2020 que frenó el intento de poner fin al programa DACA por defectos en el procedimiento seguido. En 2025, la Corte también limitó el alcance de las órdenes judiciales de cobertura nacional, un fallo que modificó la manera en que los tribunales inferiores pueden suspender políticas del Ejecutivo.

Las cuestiones electorales ocupan igualmente un lugar destacado en la trayectoria reciente del tribunal. Desde Bush contra Gore, en 2000, hasta Shelby County contra Holder, en 2013, que alteró el mecanismo de supervisión previa de la Ley de Derecho al Voto, pasando por Rucho contra Common Cause, en 2019, que consideró que los tribunales federales no pueden resolver los litigios sobre manipulación partidista de distritos, la Corte ha definido buena parte de las reglas del juego democrático. En 2023, en Moore contra Harper, rechazó una interpretación estricta que otorgaba a las legislaturas estatales un poder casi sin control judicial sobre las normas electorales federales.

El calendario añade un elemento de contexto: las elecciones legislativas de mitad de mandato se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, de modo que las disputas sobre procedimientos de votación, mapas de distritos o requisitos de registro pueden llegar al tribunal en plazos muy ajustados. Además de los casos que ingresan por la vía ordinaria, el Supremo atiende con frecuencia solicitudes de urgencia, el llamado procedimiento de emergencia, en el que decide sin celebrar vistas completas si una medida puede aplicarse mientras prosigue el litigio.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, estas materias tienen una dimensión directa. Millones de personas conviven con estatus migratorios que dependen de decisiones administrativas y judiciales, como la protección temporal (TPS), el parole humanitario o las solicitudes de asilo. En 2025, el Supremo permitió, mediante resoluciones de urgencia, que el Gobierno avanzara en la terminación de la protección temporal concedida a ciudadanos venezolanos, mientras los litigios de fondo seguían su curso. A ello se suma el peso demográfico del electorado latino, que reúne a decenas de millones de votantes elegibles y que puede verse afectado por las normas sobre registro, identificación y distribución de distritos.

Según el planteamiento recogido por HolaNews, el nuevo curso judicial transcurrirá con estos dos asuntos como referencia. En las próximas semanas el tribunal publicará sus calendarios de alegatos y sus listas de órdenes, y las sentencias de los casos de mayor calado suelen conocerse en los últimos días del período, entre junio y comienzos de julio. Quienes deseen seguir los expedientes pueden consultar la información oficial en la página web de la Corte Suprema, que reúne las transcripciones, los escritos de las partes y las resoluciones ya emitidas.

Fuente: HolaNews