Univision publicó este lunes 5 de octubre de 2026 un contenido informativo en el que se plantea qué puede cambiar en materia de inmigración con las elecciones intermedias, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. La pregunta que formula el medio interesa a millones de familias inmigrantes y de estatus mixto: en qué medida el reparto de poder en el Congreso y en los estados puede modificar el rumbo de las políticas migratorias. Este artículo recoge ese planteamiento y lo complementa con información de contexto de dominio público; los pormenores del análisis original corresponden a la fuente.
Las elecciones intermedias reciben ese nombre porque se celebran a mitad del mandato presidencial. En esta ocasión se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que se renuevan por completo cada dos años, y una parte del Senado, cuyos miembros cumplen mandatos escalonados de seis años. A ello se suman 36 gobernaciones, numerosas legislaturas estatales y múltiples cargos locales, como fiscales, sheriffs y miembros de juntas escolares. Todos ellos, en mayor o menor grado, intervienen en decisiones que afectan a la población inmigrante.
Para entender qué puede cambiar, conviene recordar cómo se reparten las competencias. El Congreso tiene la facultad de legislar en materia migratoria, de aprobar los presupuestos de las agencias encargadas de aplicar la ley y de ejercer supervisión mediante comités, audiencias e investigaciones. El presidente, por su parte, dirige la política de ejecución a través de órdenes ejecutivas, reglamentos y directrices a los departamentos. Por eso, aunque una elección legislativa no altera de manera directa las órdenes de la Casa Blanca, sí puede condicionar su financiamiento, su vigilancia y las posibilidades de aprobar nuevas leyes.
Los antecedentes muestran que las reformas de gran alcance son escasas. La última revisión amplia del sistema migratorio estadounidense con legalización masiva data de 1986, y en la década de 1990 se aprobaron leyes que endurecieron las normas de deportación. Desde entonces, los intentos de reforma integral, como los de 2006, 2007 y 2013, no llegaron a convertirse en ley; en 2013, el Senado aprobó un proyecto que no fue votado en la Cámara de Representantes. A ello se añade que la mayoría de los proyectos requiere 60 votos en el Senado, un umbral que obliga a buscar acuerdos entre partidos, salvo en los casos de leyes presupuestarias aprobadas por el procedimiento de reconciliación, que exigen una mayoría simple.
Ese procedimiento fue precisamente el que se utilizó en 2025 para aprobar una ley presupuestaria que destinó recursos adicionales al control fronterizo y a la aplicación de las normas migratorias. Quien controle cada cámara tras el 3 de noviembre tendrá influencia sobre las asignaciones anuales, sobre las negociaciones presupuestarias y sobre las citaciones a funcionarios. Además, en las elecciones intermedias el partido del presidente suele perder representación en el Congreso, un patrón histórico que los analistas siguen de cerca, aunque no determina por sí solo el resultado.
El ámbito estatal y local también pesa. Los gobernadores y los fiscales generales pueden decidir si sus estados cooperan con las autoridades federales de inmigración, por ejemplo mediante los acuerdos 287(g), o si limitan esa colaboración. Asimismo, los estados regulan aspectos de la vida cotidiana de los inmigrantes, como las licencias de conducir, la matrícula universitaria o el acceso a ciertos servicios, y las normas varían de forma considerable de uno a otro. A ello se suma el papel de los tribunales, cuyas decisiones han resultado determinantes en los últimos años para programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), el parole humanitario o la Acción Diferida (DACA).
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el asunto tiene una doble dimensión. Por un lado, solo los ciudadanos pueden votar, es decir, los nacidos en el país o naturalizados, por lo que la participación de los latinos con derecho al sufragio es un factor que los partidos observan con atención. Por otro, buena parte de las decisiones que afectan a quienes no son ciudadanos, como las prórrogas del TPS o los programas de permiso temporal, dependen de actos administrativos y resoluciones judiciales sujetos a cambios. Los ciudadanos pueden consultar su inscripción en el registro electoral, las fechas límite y las modalidades de voto anticipado o por correo en la página de la autoridad electoral de su estado, ya que las reglas varían. Quienes tengan trámites migratorios abiertos deberían informarse a través de abogados acreditados u organizaciones reconocidas, y no mediante rumores.
Según el calendario previsto, la jornada electoral será el martes 3 de noviembre, y en muchos estados el voto anticipado comenzará antes de esa fecha. El nuevo Congreso se instalará en enero de 2027, momento en que se conocerá la composición definitiva de cada cámara y se definirán las presidencias de los comités con competencia en inmigración, seguridad nacional y presupuesto. Univision, como el resto de la prensa, continuará informando sobre los resultados y sus posibles efectos en la política migratoria.
Fuente: Univision
