El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) habría ordenado aumentar el ritmo de detenciones de migrantes hasta alcanzar una meta de 3,000 al día, según informó Telemundo Nashville, que atribuye el dato a fuentes no identificadas. La información fue difundida el 8 de octubre de 2026. En el material de origen no consta, por ahora, una declaración pública de la agencia ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que confirme la instrucción, detalle su alcance o fije plazos para cumplirla.

De sostenerse todos los días del año, una cifra de 3,000 arrestos diarios equivaldría a más de un millón de detenciones anuales. La fuente no precisa si se trata de un objetivo promedio, de un tope puntual o de un indicador para determinadas oficinas, ni explica en qué territorios se concentraría el esfuerzo, qué perfiles tendrían prioridad o si el área de Nashville y el estado de Tennessee figuran entre las zonas donde se intensificarían las operaciones. Son datos que, de momento, permanecen sin aclarar.

Conviene recordar cómo funciona el aparato que ejecutaría esa orden. ICE fue creada en 2003, durante la reorganización de las agencias federales que dio origen al DHS tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Dentro de ella, la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) se encarga de localizar, arrestar, detener y expulsar a personas que, según las autoridades, infringen las leyes migratorias, mientras que otra rama, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), se ocupa sobre todo de delitos transnacionales como el tráfico de personas o de drogas.

La cifra de 3,000 diarios no es nueva en el debate público. Según informaron diversos medios estadounidenses en 2025, altos funcionarios de la Casa Blanca habían trasladado a ICE una meta de ese orden, considerablemente superior a los promedios de arrestos que la agencia registraba hasta entonces. Esos reportes se apoyaban igualmente en fuentes internas, y desde entonces el objetivo ha vuelto a mencionarse cada vez que se habla de la política de control migratorio de la actual administración.

Elevar el número de arrestos no depende solo de la voluntad de las autoridades, sino también de la capacidad logística del sistema. Cada detención exige agentes disponibles, vehículos de traslado, espacio en centros de detención y, en muchos casos, una vía para que los casos sean atendidos por los tribunales de inmigración. Estos tribunales, que dependen del Departamento de Justicia y no de ICE, arrastran desde hace años un rezago de millones de casos pendientes. Además, en 2025 el Congreso aprobó una ley de presupuesto que destinó recursos significativos a la aplicación de la normativa migratoria y a la ampliación de plazas de detención, un respaldo financiero que, según los especialistas, condiciona el ritmo operativo posible.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, y en particular para quienes residen en el sur del país, como en Tennessee, donde Nashville cuenta con una población hispana numerosa y en crecimiento, la noticia genera naturales interrogantes. Muchas familias son de estatus mixto: conviven ciudadanos, residentes y personas con trámites pendientes o permisos temporales. Organizaciones de asistencia legal recuerdan que la Constitución protege a toda persona que se encuentre en el territorio estadounidense, con independencia de su situación migratoria. Entre esas garantías figuran el derecho a guardar silencio, el de consultar a un abogado (aunque no sea provisto por el Gobierno en los procesos migratorios) y el de no firmar documentos sin comprenderlos. También señalan que, por lo general, los agentes necesitan una orden judicial, y no solo una orden administrativa, para ingresar a una vivienda sin consentimiento.

Los mismos servicios legales aconsejan, como medida de prevención, que las familias revisen su situación con un abogado o con una organización acreditada por el Departamento de Justicia, mantengan a mano sus documentos y dejen establecido un plan para el cuidado de menores y otros dependientes. Advierten asimismo de los riesgos de acudir a intermediarios o «notarios» sin acreditación, que en ocasiones ofrecen servicios que no pueden prestar legalmente.

Según el planteamiento de la fuente, el siguiente paso será conocer si ICE o el DHS confirman la instrucción y de qué manera la aplicarían en el terreno. Habrá que seguir también los datos oficiales de arrestos y de ocupación de centros de detención que la agencia publica periódicamente, así como las posibles reacciones de autoridades locales, organizaciones de defensa de los migrantes y los tribunales. LATIVA NEWS actualizará la información cuando existan comunicados oficiales verificables.

Fuente: Telemundo Nashville