El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no podrá realizar cierto tipo de arrestos dentro de las cortes de inmigración, según una directiva que entró en vigencia en octubre de 2026. El cambio, atribuido a disposiciones administrativas internas del organismo, afecta directamente a las personas que tienen audiencias programadas ante los tribunales migratorios de Estados Unidos y que hasta ahora podían ser detenidas mientras se presentaban a sus propios procesos legales.
De acuerdo con la información disponible en la fuente, la medida establece que los agentes del ICE quedan impedidos de efectuar arrestos de carácter civil dentro de los espacios físicos donde operan las cortes de inmigración durante el desarrollo de audiencias. Esto significa que un inmigrante que acuda a cumplir con su obligación legal de comparecer ante el juez no podrá ser interceptado y detenido por agentes de la agencia en ese contexto específico. La restricción busca, según se desprende del contexto de la medida, garantizar la integridad del proceso judicial migratorio y fomentar que los comparecientes no eviten asistir a sus propias audiencias por temor a ser arrestados.
La implicación práctica es considerable: uno de los problemas estructurales del sistema de inmigración de EE. UU. ha sido precisamente la tasa de inasistencia a las audiencias, conocida en el ámbito legal como "no-shows" o ausencias voluntarias. Cuando los inmigrantes con procedimientos abiertos temen ser arrestados al presentarse, muchos optan por no comparecer, lo que deriva en órdenes de deportación en ausencia. Al reducir el riesgo de detención dentro del recinto judicial, la medida podría incentivar una mayor participación de los demandantes en sus propios procesos.
Para comprender el peso de este cambio, es necesario recordar que durante varios años, en distintos momentos de la política migratoria estadounidense, el ICE adoptó posturas más agresivas respecto a los arrestos en o cerca de espacios considerados tradicionalmente sensibles, entre ellos iglesias, hospitales, escuelas y juzgados. En 2021, la administración Biden emitió directrices que protegían estos "lugares sensibles" de operaciones de enforcement migratorio. Sin embargo, dichas directrices fueron posteriormente modificadas o eliminadas bajo administraciones con enfoques distintos, generando incertidumbre entre la población inmigrante y sus representantes legales sobre qué nivel de protección existía al acudir a una corte.
El sistema de cortes de inmigración en Estados Unidos, administrado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, maneja un inventario de casos que históricamente ha superado el millón de expedientes pendientes. Este volumen hace que las audiencias representen momentos críticos en la vida de los demandantes: pueden significar la diferencia entre obtener protección legal, como asilo o residencia, o enfrentar una orden de expulsión. Cualquier factor que disuada la comparecencia agrava el rezago y priva a las personas de su derecho a ser escuchadas.
Para la comunidad venezolana, cubana y latinoamericana en general radicada en Estados Unidos, esta medida tiene una relevancia particular. Una proporción significativa de estas comunidades tiene casos activos en el sistema de inmigración, ya sea por solicitudes de asilo, procedimientos de remoción o revisiones de estatus. La posibilidad de acudir a una audiencia sin el temor inmediato de ser arrestado en la puerta del tribunal representa un cambio en las condiciones en que estas personas pueden ejercer sus derechos procesales. Organizaciones de defensa legal han señalado en el pasado que el miedo a la detención en cortes era uno de los principales obstáculos para que sus representados cumplieran con sus obligaciones ante los jueces.
Fuente: Claro Sports
