Jamaica recibió el primer grupo de 25 migrantes procedentes de Estados Unidos, en aplicación de un acuerdo entre ambos países que ha generado controversia, según informó el diario El Nacional el 15 de octubre de 2026. La noticia marca el inicio práctico de un entendimiento bilateral cuyo contenido y alcance han sido objeto de discusión en el ámbito migratorio y de los derechos humanos.

De acuerdo con la información publicada, el contingente inicial está compuesto por 25 personas y constituye el primer traslado realizado al amparo del pacto. El material de origen no especifica las nacionalidades de los migrantes, su situación legal en territorio estadounidense, las condiciones de su llegada ni los términos económicos o logísticos del acuerdo. Por ese motivo, este texto se limita a lo atribuido a la fuente y evita ofrecer detalles que no han sido confirmados.

El caso se inscribe en una práctica que ha ganado peso en los últimos años: la conclusión de acuerdos con terceros países para que reciban a personas que no son nacionales suyas y que Washington desea trasladar fuera de su territorio. A diferencia de una deportación tradicional, que devuelve a la persona a su país de origen, este mecanismo la envía a una nación distinta, con la que puede no tener vínculos directos. Los gobiernos que aceptan participar suelen hacerlo a cambio de contrapartidas diplomáticas, económicas o de cooperación, aunque cada pacto tiene sus propios términos.

En 2025, la administración estadounidense impulsó de forma notable esta vía. En febrero de ese año, Costa Rica y Panamá recibieron a grupos de migrantes de distintas nacionalidades trasladados desde Estados Unidos. En junio, la Corte Suprema permitió que se reanudaran las expulsiones hacia países distintos al de origen mientras se resolvían los litigios en curso. Poco después se conocieron envíos a Sudán del Sur y Esuatini, así como acuerdos o conversaciones con otros gobiernos, entre ellos Ruanda, Uganda y Ghana. Antes, en marzo de 2025, cientos de personas, muchas de ellas venezolanas, habían sido enviadas a una prisión en El Salvador, un caso que derivó en numerosos procesos judiciales.

Estos acuerdos concitan posiciones divergentes. Sus defensores sostienen que amplían las opciones de aplicación de la ley migratoria cuando el país de origen se niega a aceptar a sus ciudadanos o cuando no existen vuelos de repatriación. Organizaciones de derechos humanos y abogados especializados, por su parte, han planteado dudas sobre las garantías del debido proceso, la posibilidad de que las personas sean notificadas con antelación suficiente y el respeto al principio de no devolución, recogido en el derecho internacional, que impide enviar a alguien a un lugar donde corra riesgo grave de persecución o tortura.

Para Jamaica, país insular del Caribe con unos tres millones de habitantes y miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), el acuerdo supone asumir tareas de recepción, alojamiento y gestión administrativa de personas ajenas a su población. La isla tiene, además, una amplia diáspora en Estados Unidos, lo que ha convertido históricamente la relación migratoria entre ambos países en un asunto sensible y de largo recorrido. El Nacional no detalla cómo se organizará la acogida de este primer grupo ni durante cuánto tiempo permanecerán los migrantes en suelo jamaicano.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el desarrollo tiene relevancia práctica. Los acuerdos de este tipo muestran que una orden de expulsión puede ejecutarse hacia un país distinto del de nacimiento, algo que abogados de inmigración recomiendan tener presente al evaluar cada caso. Quienes tengan procesos abiertos ante los tribunales de inmigración pueden consultar a representantes legales acreditados o a organizaciones reconocidas, y verificar la información en canales oficiales, ya que circulan con frecuencia rumores sobre redadas y traslados que no siempre se ajustan a la realidad.

Se espera que los gobiernos de ambos países, así como las autoridades estadounidenses competentes en materia migratoria, aporten más detalles sobre el funcionamiento del acuerdo, el número de personas que podrían ser trasladadas en el futuro y el trato que recibirán a su llegada. También es previsible que continúe el seguimiento de organizaciones civiles y, eventualmente, de los tribunales. Mientras tanto, la información disponible procede de El Nacional, y su exactitud corresponde a esa fuente.

Fuente: El Nacional