Decenas de migrantes recluidos en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de Georgia han hecho públicos un video y una carta en los que sostienen que su encierro, prolongado durante años, es «ilegal». La información fue publicada por el diario EL PAÍS, fuente de este despacho, y recoge una denuncia formulada por los propios internos.
El material difundido constituye una vía de comunicación directa desde el interior de las instalaciones, un entorno en el que el acceso de la prensa y de observadores externos suele ser limitado y requiere autorización previa. Según el titular y el resumen de la fuente, los firmantes cuestionan la legalidad de una reclusión que, en su caso, se habría extendido durante años. Conviene precisar que se trata de afirmaciones de los detenidos y que el resumen disponible no recoge la respuesta de ICE ni una verificación independiente de cada situación individual, elementos necesarios para completar el panorama.
Para entender el alcance de la denuncia es útil recordar cómo funciona el sistema. En Estados Unidos, la detención migratoria tiene carácter administrativo y no penal: su finalidad declarada es asegurar que una persona comparezca ante el tribunal de inmigración o que, si existe una orden de deportación firme, pueda ser removida del país. ICE gestiona una amplia red de centros, algunos operados por contratistas privados y otros mediante acuerdos con gobiernos locales. Georgia alberga varias de estas instalaciones, entre ellas el Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, y el Centro de Procesamiento de ICE en Folkston, que figuran entre los de mayor capacidad del sur del país.
La duración del internamiento depende de factores como el estatus legal de cada persona, la existencia de antecedentes, la posibilidad de fianza y el ritmo de los tribunales. Los jueces de inmigración acumulan desde hace años varios millones de casos pendientes, según las cifras publicadas por el Departamento de Justicia y por centros de análisis de datos judiciales, una congestión que puede alargar los procedimientos. A ello se suman los recursos de apelación, que en ocasiones mantienen a una persona bajo custodia durante meses o más tiempo mientras se resuelve su situación.
El marco jurídico también ha sido objeto de pronunciamientos del Tribunal Supremo. En la sentencia Zadvydas contra Davis, de 2001, el alto tribunal estableció que la detención posterior a una orden final de expulsión no puede ser indefinida y fijó un periodo de seis meses como referencia de lo que se considera razonable, siempre que no haya perspectiva realista de deportación. En 2018, en el caso Jennings contra Rodríguez, resolvió que las disposiciones legales examinadas no exigen audiencias periódicas de fianza para ciertos grupos de detenidos, lo que dejó abiertas vías de impugnación por motivos constitucionales. Por ello, muchas personas recurren a peticiones de hábeas corpus ante tribunales federales para cuestionar la legalidad de su reclusión.
Existen además mecanismos de supervisión. Los centros de ICE deben cumplir normas de detención que regulan aspectos como la atención médica, el acceso a asesoría legal y los procedimientos de queja. La Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueden recibir denuncias e inspeccionar instalaciones, y organizaciones de la sociedad civil y legisladores realizan visitas de monitoreo. Las cartas colectivas, los videos y las protestas pacíficas, como las huelgas de hambre, han sido históricamente recursos utilizados por los internos para dar visibilidad a sus reclamos.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el tema tiene una dimensión cercana, ya que numerosas familias tienen parientes o conocidos que han pasado por el sistema de detención migratoria. Las organizaciones de ayuda legal recomiendan localizar a un familiar mediante el Localizador de Detenidos en Línea de ICE, que se consulta con el nombre y el país de origen o con el número de registro de extranjero, y buscar representación a través de abogados o representantes acreditados. El Departamento de Justicia publica listas de proveedores de servicios legales gratuitos o de bajo costo, y conviene desconfiar de quienes ofrecen resultados garantizados sin estar autorizados para ejercer.
Queda por conocer la reacción oficial de ICE y del DHS a las acusaciones divulgadas, así como si los detenidos o sus abogados presentarán recursos ante los tribunales federales. Será relevante seguir las aclaraciones que aporten las autoridades, los defensores de los internos y los organismos de supervisión, a fin de determinar las circunstancias concretas de cada caso. LATIVA NEWS atribuye los hechos descritos a EL PAÍS y continuará informando conforme se disponga de datos verificables.
Fuente: EL PAÍS
