El gobernador de California, Gavin Newsom, instó a los residentes del estado a contar con un plan de «emergencia» ante la creciente inquietud por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las calles, según informó la cadena Univision el 12 de octubre de 2026. De acuerdo con ese medio, la actividad de los agentes ha generado una oleada de temor en comunidades inmigrantes de distintos puntos de la entidad.

El reporte de Univision, que sirve de base a esta nota, atribuye al mandatario estatal el llamado a la preparación. El material disponible no detalla todos los elementos del plan que Newsom propone ni las localidades concretas donde se han observado los operativos, de modo que esos extremos deben consultarse en la publicación original y en los comunicados oficiales del gobierno californiano.

La recomendación de elaborar un plan familiar no es nueva en el debate migratorio estadounidense. Organizaciones de asistencia legal y entidades comunitarias suelen aconsejar que los hogares con integrantes en situación migratoria vulnerable definan con antelación quién cuidaría de los menores en caso de una detención, mantengan a mano los teléfonos de un abogado o de una organización de confianza y reúnan en un lugar seguro documentos esenciales como actas de nacimiento, pasaportes y comprobantes de residencia o de presencia continua en el país.

Otro componente habitual de esas guías es el conocimiento de los derechos básicos. Según la información pública de grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), toda persona en territorio estadounidense, con independencia de su estatus, tiene derecho a guardar silencio y, en general, a no abrir la puerta de su vivienda a agentes que no presenten una orden firmada por un juez. Estas pautas tienen carácter informativo y no sustituyen el consejo de un abogado en cada caso particular.

California es, además, el estado con mayor población inmigrante del país. Las estimaciones de la Oficina del Censo y de centros de investigación como el Public Policy Institute of California sitúan en torno a una cuarta parte de sus residentes entre las personas nacidas en el extranjero, y una proporción significativa de los niños del estado vive en hogares con al menos un padre inmigrante. Esa composición demográfica explica que cualquier cambio en la actividad de control migratorio tenga repercusiones en la vida cotidiana, el empleo y la escolarización.

El estado cuenta con un marco legal propio en la materia. La ley SB 54, conocida como «ley santuario» y vigente desde 2018, limita la colaboración de las policías locales y estatales con las autoridades federales de inmigración en determinados supuestos. La relación entre Sacramento y Washington en este terreno ha estado marcada por litigios y desacuerdos competenciales: la política migratoria es una facultad federal, mientras que los estados regulan el uso de sus propios recursos policiales.

La tensión se hizo especialmente visible en junio de 2025, cuando operativos migratorios en el área de Los Ángeles derivaron en protestas y en el despliegue de la Guardia Nacional por decisión del gobierno federal, medida que el propio Newsom impugnó ante los tribunales. Aquellos episodios dejaron un clima de alerta en numerosas comunidades, y desde entonces organizaciones civiles y autoridades locales han reforzado las líneas de orientación jurídica y las redes de apoyo vecinal.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el llamado de Newsom adquiere una relevancia práctica. California alberga a millones de hispanos, entre ellos numerosos venezolanos que han llegado en los últimos años, muchos con trámites pendientes de asilo, permisos temporales o procesos ante las cortes migratorias. Para estas familias, mantener actualizados los domicilios ante las autoridades, conservar copias de cada notificación y acudir únicamente a abogados acreditados o a organizaciones reconocidas constituye una medida de protección frente al riesgo de fraudes, frecuentes en estos contextos.

Los consulados de varios países latinoamericanos y numerosas organizaciones sin fines de lucro mantienen líneas de atención para quienes necesiten orientación. Quienes busquen información fiable pueden dirigirse a los canales oficiales del gobierno de California y a los servicios legales gratuitos o de bajo costo de su localidad. Según el reporte de Univision, se espera que continúen los pronunciamientos de las autoridades estatales y que se difundan más detalles sobre la preparación que recomienda el gobernador.

Fuente: Univision