A partir del 1 de octubre de 2026, inicio del nuevo año fiscal del gobierno federal de Estados Unidos, entrarán en vigor nuevas tarifas para una serie de trámites migratorios, entre ellos las apelaciones y las mociones presentadas ante autoridades de inmigración, según informó El Comercio Perú. El ajuste impactará directamente a miles de personas que atraviesan procesos administrativos o judiciales relacionados con su estatus migratorio en ese país.
De acuerdo con la fuente, los cambios tarifarios afectarán específicamente los costos asociados a las apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y a las mociones para reabrir o reconsiderar casos ya resueltos. Aunque el artículo de origen no detalla las cifras exactas de cada tarifa actualizada, sí señala que los nuevos montos representan una modificación respecto a los vigentes hasta el 30 de septiembre. Los solicitantes deberán verificar las tarifas específicas directamente con el Departamento de Justicia o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) antes de presentar cualquier solicitud.
El ajuste forma parte de una revisión periódica que las agencias federales realizan al comenzar cada año fiscal, proceso mediante el cual actualizan sus estructuras de costos administrativos para reflejar los gastos operativos reales de los organismos encargados de procesar las solicitudes. Esta práctica es habitual en el sistema federal estadounidense y no se limita al área migratoria, aunque en este campo tiene repercusiones particularmente significativas dado el volumen de casos pendientes y la situación de vulnerabilidad económica de muchos solicitantes.
Para comprender la magnitud de estos cambios, conviene situar el contexto del sistema de inmigración de Estados Unidos. La BIA es el tribunal administrativo de apelaciones más grande del mundo en materia migratoria y recibe decenas de miles de casos al año. A su vez, el USCIS procesa anualmente millones de peticiones que van desde visas de trabajo y residencia permanente hasta solicitudes de asilo y naturalización. Los incrementos tarifarios en estos organismos han sido una tendencia recurrente en la última década, con ajustes que en algunos ciclos superaron el 20% respecto al período anterior, según registros históricos de las propias agencias.
En términos de antecedentes, la última gran revisión de tarifas del USCIS tuvo lugar en años recientes y generó un amplio debate entre organizaciones de defensa de inmigrantes, que argumentaron que los aumentos representaban una barrera de acceso a la justicia para personas de bajos ingresos. Como resultado de presiones legales y legislativas, el gobierno federal mantuvo en algunas ocasiones exenciones o reducciones para solicitantes con dificultades económicas documentadas, así como para ciertas categorías humanitarias. No obstante, la información disponible en esta edición no especifica si los cambios previstos para octubre de 2026 contemplan mecanismos similares de alivio tarifario.
Para la comunidad venezolana, latina y migrante en general radicada en Estados Unidos, esta actualización tiene implicaciones concretas. Numerosas personas de origen latinoamericano se encuentran actualmente en distintas etapas de procesos migratorios: algunos esperan resolución de solicitudes de asilo, otros enfrentan órdenes de deportación y buscan reabrir sus casos mediante mociones, y otros más tramitan cambios de estatus o recursos de apelación. Un aumento en las tarifas puede traducirse en demoras adicionales si los solicitantes deben reunir fondos antes de presentar sus escritos, o incluso en el abandono de recursos legales legítimos por falta de capacidad de pago. Las organizaciones de asistencia legal gratuita o de bajo costo suelen ser un recurso fundamental en estos escenarios.
Según la información difundida por El Comercio Perú, los interesados deben prepararse con anticipación para cumplir con los nuevos requisitos de pago a partir del 1 de octubre. Se recomienda consultar los portales oficiales del Departamento de Justicia y del USCIS para conocer las tarifas exactas aplicables a cada tipo de trámite, así como explorar si califican para exenciones o reducción de costos. Los abogados de inmigración y las clínicas legales comunitarias constituyen otra fuente de orientación ante estos cambios administrativos.
Fuente: El Comercio Perú
