France 24 publicó este jueves 8 de octubre de 2026 un análisis económico que plantea una pregunta de interés para gobiernos, bancos centrales y hogares de América Latina: por qué el conflicto en Medio Oriente continúa ejerciendo presión al alza sobre los precios en varios países de la región. El medio vincula la persistencia de la inflación con el efecto de las tensiones geopolíticas sobre los mercados de energía y sobre el comercio internacional.

El material de origen se presenta en forma de interrogante y no detalla cifras por país en el resumen disponible, por lo que este despacho se limita a lo planteado por la fuente y a explicar, con información de contexto ampliamente conocida, los mecanismos por los que una crisis en esa zona suele llegar a las economías latinoamericanas.

El primer canal es la energía. Medio Oriente concentra una parte considerable de la producción y de las rutas de exportación de petróleo y gas. Cuando un conflicto amenaza el suministro, o encarece los seguros y el transporte marítimo, los precios internacionales de los hidrocarburos tienden a subir. Ese aumento se traslada a los combustibles, la electricidad y el transporte de mercancías y, con el tiempo, a los alimentos y a otros bienes de consumo cotidiano.

Los efectos, sin embargo, no son uniformes. Los países que importan la mayor parte de su energía, como numerosas economías de Centroamérica y el Caribe, suelen notar con mayor rapidez el encarecimiento de la factura petrolera. Los exportadores de crudo, entre ellos Brasil, Colombia, México o Venezuela, pueden beneficiarse de mayores ingresos, aunque esa ventaja no siempre compensa el coste interno: varios de ellos importan derivados refinados como gasolina o diésel, y los subsidios a los combustibles, cuando existen, presionan las cuentas públicas.

Existe además un canal menos visible: los fertilizantes y el transporte. Una parte de los abonos nitrogenados, como la urea o el amoníaco, se produce a partir del gas natural y tiene a Medio Oriente entre sus proveedores relevantes. América Latina es una gran potencia agrícola y depende en buena medida de insumos importados, de modo que un aumento de sus costes puede repercutir en la producción y en el precio final de los alimentos. A ello se suma el comercio marítimo: desde finales de 2023, los ataques contra buques en el mar Rojo llevaron a numerosas navieras a desviar sus rutas por el cabo de Buena Esperanza, lo que alargó los trayectos y encareció los fletes.

El episodio se inscribe en una historia reciente de choques sucesivos. Tras la pandemia y la invasión rusa de Ucrania en 2022, la región experimentó un fuerte repunte de la inflación. Muchos bancos centrales latinoamericanos reaccionaron con subidas tempranas de los tipos de interés, una estrategia que, con matices según el país, contribuyó a moderar los precios en los años siguientes. Los analistas suelen advertir de que un nuevo choque energético complica la fase final de ese proceso, cuando las autoridades buscan devolver la inflación a sus metas oficiales sin frenar en exceso el crecimiento.

Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el fenómeno tiene lecturas prácticas. Muchas familias envían remesas a sus países de origen, y la evolución de los precios allí determina cuánto alcanza ese dinero para cubrir alimentos, transporte o servicios básicos. En el caso de Venezuela, país con reservas petroleras de primer orden y una larga historia de inflación elevada, la relación entre el precio del crudo, los ingresos externos y el coste de la vida resulta especialmente estrecha. Además, los hogares latinos en territorio estadounidense también pueden percibir las variaciones del precio de la gasolina y de la energía en su gasto mensual.

De cara a los próximos meses, los observadores seguirán de cerca varios indicadores: las cifras mensuales de inflación que publican los institutos de estadística y los bancos centrales de la región, las decisiones sobre tasas de interés y la evolución de los precios internacionales del petróleo, el gas y los fletes. Entre las herramientas que los gobiernos suelen considerar figuran la diversificación de proveedores energéticos, las reservas estratégicas y las transferencias focalizadas a los hogares más vulnerables. El detalle del análisis completo corresponde a France 24, fuente de la información aquí atribuida.

Fuente: France 24