La Procuraduría General de la Nación de Colombia abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en un contrato destinado a implementar estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el municipio de Alpujarra, departamento del Tolima, según informó el propio organismo de control en su sitio oficial el 3 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría, la indagación busca determinar si existieron conductas irregulares en la ejecución o adjudicación del contrato en cuestión, cuyo objeto era el diseño e implementación de acciones orientadas a enfrentar los efectos del cambio climático en ese territorio. El ente de control no especificó en su comunicado el monto exacto del contrato ni los nombres de los funcionarios o contratistas involucrados, por lo que esa información permanece reservada en esta etapa procesal.

La Procuraduría aclaró que una indagación preliminar no implica la existencia de responsabilidad disciplinaria establecida, sino que constituye la fase inicial de verificación mediante la cual el organismo examina si hay mérito suficiente para abrir formalmente una investigación disciplinaria. En esta etapa, el ente recopila evidencias documentales y testimoniales para determinar si los hechos denunciados tienen fundamento jurídico y fáctico que amerite una actuación más profunda.

Alpujarra es un municipio de la región del Alto Magdalena, en el sur del departamento del Tolima, caracterizado por su geografía montañosa y su vulnerabilidad ante fenómenos climáticos como sequías prolongadas, deslizamientos y variaciones extremas en las temporadas de lluvia. Esta condición ha llevado a que en años recientes diversas entidades públicas y privadas dirijan recursos hacia programas de adaptación climática en la zona, en el marco de los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París y en su Política Nacional de Cambio Climático.

En Colombia, la gestión de contratos públicos orientados a la acción climática ha ganado relevancia institucional de forma progresiva desde la ratificación del Acuerdo de París en 2015. El país cuenta con un marco normativo específico, que incluye la Ley 1931 de 2018 —conocida como la Ley de Acción Climática—, la cual establece directrices para que las entidades territoriales incorporen la variable climática en sus planes de desarrollo y en la contratación pública. Sin embargo, la aplicación descentralizada de estos recursos en municipios medianos y pequeños ha sido señalada en distintos informes de control como un área de riesgo para la transparencia.

La Procuraduría General, como principal órgano de control disciplinario del Estado colombiano, tiene competencia para investigar a servidores públicos en todos los niveles de gobierno, incluyendo alcaldías y entidades descentralizadas de orden municipal. Históricamente, el organismo ha tramitado numerosas actuaciones relacionadas con contratos de gestión ambiental y territorial, áreas en las que la complejidad técnica de los proyectos puede dificultar la supervisión efectiva por parte de las comunidades y de los órganos de control interno.

Para las comunidades de Alpujarra y del sur del Tolima, la correcta ejecución de contratos orientados al cambio climático tiene implicaciones directas en su seguridad alimentaria, la gestión del agua y la protección de ecosistemas estratégicos como los bosques de galería y las zonas de recarga hídrica. Cualquier desvío de recursos en proyectos de este tipo no solo representa una afectación al erario público, sino también una demora en la implementación de medidas que buscan reducir la vulnerabilidad de poblaciones que dependen directamente de los servicios ecosistémicos locales.

Según lo indicado por la Procuraduría, la indagación preliminar seguirá su curso conforme a los procedimientos establecidos en el Código General Disciplinario. Si el ente de control encuentra mérito para avanzar, el expediente pasaría a la etapa de investigación disciplinaria formal, en la que los presuntos responsables tendrían derecho a ejercer su defensa. La Procuraduría no estableció un plazo público para concluir esta fase inicial.

Fuente: Gov