Univision publicó una guía dirigida a quienes presencian un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en la que distingue entre las acciones permitidas y las que conviene evitar. El resumen disponible del material no detalla cada recomendación, por lo que este texto atribuye a la cadena el enfoque general de la pieza y complementa con principios legales de carácter público, ampliamente difundidos por organizaciones de derechos civiles y por la propia legislación federal.

El punto de partida, según ese marco, es el derecho a observar y a documentar. La Primera Enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión y de prensa, y varios tribunales federales de apelaciones han reconocido que los ciudadanos pueden grabar en vídeo a agentes de la autoridad cuando estos desempeñan funciones públicas en espacios abiertos, como una calle, una acera o un aparcamiento de uso público. Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) lo recuerdan con frecuencia en sus guías de «conozca sus derechos».

Ese derecho, no obstante, tiene límites claros. Las mismas guías subrayan que grabar no equivale a intervenir: quien se interpone entre los agentes y una persona, bloquea un vehículo, toca a un funcionario, intenta liberar a un detenido o da información falsa puede ser acusado de obstruir la labor federal. La ley federal tipifica como delito agredir, resistirse o impedir el trabajo de agentes federales en el ejercicio de sus funciones. Por ello, la recomendación habitual es mantener una distancia prudente, no confrontar verbalmente y acatar las indicaciones de retirarse de una zona acordonada.

Para entender el alcance de estos operativos conviene recordar qué es ICE. La agencia fue creada en 2003, dentro del Departamento de Seguridad Nacional, tras la reorganización de la seguridad interior posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Funciona con dos grandes divisiones: Operaciones de Control y Expulsión (ERO), encargada de las detenciones y deportaciones por infracciones migratorias, y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que se ocupa de delitos transnacionales como el tráfico de personas o el contrabando.

Otro aspecto central es el tipo de orden con que actúan los agentes. Una orden judicial, firmada por un juez, puede autorizar la entrada a un domicilio. En cambio, las órdenes administrativas de ICE, emitidas por la propia agencia, no otorgan por sí solas ese permiso. Por eso las organizaciones de apoyo legal aconsejan no abrir la puerta si no se ha exhibido una orden judicial y pedir que la muestren a través de una ventana o por debajo de la puerta. Además, toda persona en territorio estadounidense, con independencia de su estatus migratorio, tiene derecho a guardar silencio y a consultar con un abogado.

Quien presencia un operativo también puede aportar de manera útil sin exponerse. Los defensores de derechos migratorios sugieren anotar la fecha, la hora y el lugar exactos, describir los vehículos y los uniformes, y registrar cualquier identificación visible de los agentes. Esa información puede ayudar después a familiares y abogados a localizar a una persona detenida mediante el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de ICE, que suele requerir el nombre completo y el país de origen o el número de registro de extranjero. Asimismo, en numerosas ciudades operan redes comunitarias de respuesta rápida y líneas de ayuda que verifican las alertas antes de difundirlas.

Para la comunidad venezolana y, en general, la latina en Estados Unidos, estas pautas tienen una dimensión práctica, sobre todo en hogares de estatus migratorio mixto, donde conviven ciudadanos, residentes y personas sin documentos. Los especialistas recomiendan preparar un plan familiar: tener a mano el contacto de un abogado o de una organización acreditada, guardar copias de documentos importantes y designar a un adulto de confianza que pueda cuidar de los menores. También recuerdan que los residentes permanentes deben portar su tarjeta de residencia, y que compartir en redes sociales imágenes con rostros o direcciones puede exponer a los afectados.

Las normas y los criterios judiciales sobre grabación y actuación policial pueden variar según el estado y el circuito federal, y las circunstancias de cada caso influyen en el resultado. Quienes necesiten orientación concreta pueden acudir a abogados de inmigración o a organizaciones legales sin fines de lucro reconocidas, y consultar la guía completa de Univision para conocer el detalle de sus recomendaciones. Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal.

Fuente: Univision