El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, afirmó que su administración no concede a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceso para revisar las bases de datos del estado. La declaración fue recogida por la cadena Univision y difundida el 13 de octubre de 2026. Este medio se limita a atribuir el contenido a esa fuente.
La frase que Univision destaca en su titular es la siguiente: «No le damos acceso a ICE para que revise nuestra base de datos en Pensilvania». El material de origen disponible no precisa a qué registros concretos se refería el mandatario, en qué escenario pronunció sus palabras ni si respondía a una solicitud específica de las autoridades federales. Por esa razón, cualquier detalle adicional deberá confirmarse en el reportaje original de Univision o en comunicados oficiales de la oficina del gobernador.
Para comprender el alcance de este tipo de afirmaciones conviene recordar qué es ICE. Se trata de una agencia del Departamento de Seguridad Nacional creada en 2003, tras la reorganización de las instituciones federales posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre sus funciones figuran la aplicación de las leyes migratorias en el interior del país, las operaciones de arresto y deportación, y las investigaciones de carácter penal en ámbitos como el tráfico de personas o el contrabando.
Para localizar a una persona, las agencias federales recurren a información procedente de múltiples registros, algunos federales y otros de origen estatal o municipal. Los gobiernos estatales administran, por ejemplo, sistemas de licencias de conducir, registros de vehículos, bases de antecedentes y otros archivos administrativos. De ahí que la cuestión de quién puede consultar esos datos, y bajo qué condiciones, se haya convertido en un asunto recurrente en el debate migratorio de los últimos años.
El marco jurídico es complejo. La política migratoria corresponde, en lo esencial, al Gobierno federal, pero la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre ellas la sentencia Printz contra Estados Unidos de 1997, han establecido que Washington no puede obligar a los estados a ejecutar programas federales con sus propios recursos y personal. Al mismo tiempo, una disposición del código federal, la sección 1373 del título 8, impide que las entidades locales restrinjan el intercambio de información sobre la situación migratoria de una persona con las autoridades federales. Su alcance exacto ha sido objeto de litigios y de interpretaciones distintas en los tribunales.
Pensilvania, además, no es un territorio con una política uniforme. Hasta donde es de conocimiento público, no existe en el estado una ley única que regule de forma integral la cooperación con ICE, de modo que las prácticas varían según la ciudad o el condado. Filadelfia, por ejemplo, ha mantenido durante años normas que limitan la colaboración de sus autoridades con los agentes migratorios, mientras que otras jurisdicciones han optado por esquemas de cooperación más estrechos con el Gobierno federal. Shapiro, que antes de llegar a la gobernación en enero de 2023 fue fiscal general del estado, se pronuncia así en un panorama donde conviven enfoques diversos.
Para la comunidad latina, incluida la venezolana, el tema tiene una dimensión práctica. Pensilvania alberga una población hispana numerosa y en crecimiento, con presencia destacada en ciudades como Filadelfia, Allentown, Reading y Lancaster, y es frecuente que existan familias de estatus migratorio mixto, en las que conviven ciudadanos, residentes y personas con trámites pendientes. Saber si los datos que se entregan a una oficina estatal, como la de licencias o la de servicios sociales, pueden o no ser consultados por agencias migratorias influye en la confianza con que muchas personas acuden a esos servicios. Las organizaciones de apoyo legal suelen recomendar, en estos casos, consultar fuentes oficiales y a abogados o representantes acreditados antes de tomar decisiones.
La información disponible no detalla nuevos pasos ni anuncia medidas adicionales. Lo que cabe esperar, según el curso habitual de estos debates, son aclaraciones por parte de la administración estatal sobre el alcance de la postura expresada, así como posibles respuestas de las autoridades federales. LATIVA NEWS dará seguimiento al asunto a medida que haya comunicados oficiales o nuevos datos verificables, y recuerda que el contenido de esta nota procede de lo informado por Univision.
Fuente: Univision
