El Gobierno del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un proceso para retirar la ciudadanía estadounidense a 40 personas naturalizadas a las que se acusa de delitos graves, según informó Univision el lunes 5 de octubre de 2026. La información, atribuida a esa cadena, sitúa el asunto dentro de la política migratoria de la actual administración, que ha convertido la revisión de las naturalizaciones en uno de sus ejes de actuación.
El material publicado por Univision, al que ha tenido acceso LATIVA NEWS, se limita por ahora a la cifra y al motivo general: cuarenta casos vinculados a imputaciones por delitos graves. No detalla públicamente la nacionalidad de los afectados, los estados donde residen, la naturaleza concreta de los cargos ni el calendario previsto para cada procedimiento. Esos extremos deberán confirmarse mediante comunicaciones oficiales del Departamento de Justicia o de los servicios de inmigración, y la responsabilidad sobre la exactitud de los datos corresponde a la fuente citada.
Conviene explicar en qué consiste la desnaturalización. Es el procedimiento mediante el cual un tribunal federal revoca la ciudadanía de una persona que la obtuvo por naturalización. La ley contempla dos vías. La primera es civil y se basa en la sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad: el Gobierno debe demostrar ante un juez que la ciudadanía se obtuvo de forma ilegal o mediante ocultación de hechos relevantes o declaraciones falsas. La segunda es penal: quien es condenado por conseguir la naturalización de manera ilícita, conforme al artículo 1425 del Código de EE. UU., puede perder también la ciudadanía como consecuencia de la sentencia.
Los tribunales han fijado límites estrictos. El Gobierno no puede revocar la ciudadanía por decisión administrativa propia: necesita una resolución judicial y, en la vía civil, debe acreditar los hechos con pruebas «claras, convincentes e inequívocas», un estándar más exigente que el habitual en litigios civiles. En el caso Afroyim contra Rusk (1967), el Tribunal Supremo estableció que la ciudadanía no puede retirarse sin el consentimiento del interesado salvo en supuestos muy concretos. En Maslenjak contra Estados Unidos (2017), añadió que una mentira solo justifica la revocación si influyó realmente en la obtención de la ciudadanía.
Históricamente, estos casos han sido poco frecuentes en comparación con el número total de naturalizaciones. Hubo revisiones más amplias a partir de 2016, cuando un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional señaló que cientos de miles de expedientes carecían de registros dactilares completos, lo que dio lugar a la llamada Operación Janus. En años posteriores, los servicios de ciudadanía e inmigración reforzaron la identificación de posibles fraudes. En 2025, según se informó entonces, el Departamento de Justicia emitió una directriz interna para que sus abogados civiles dieran prioridad a este tipo de litigios, entre ellos los de personas acusadas o condenadas por delitos graves.
También es importante distinguir conceptos. Haber cometido un delito después de naturalizarse no implica, por sí solo, la pérdida de la ciudadanía; los fundamentos legales se centran, sobre todo, en cómo se obtuvo la naturalización, por ejemplo si se ocultaron antecedentes penales previos o se falseó información en la solicitud. Además, el término «acusados» no equivale a «condenados»: rige la presunción de inocencia en los procesos penales. Si un tribunal revocara la ciudadanía, la persona volvería a su estatus migratorio anterior, generalmente el de residente permanente, y podría quedar expuesta a un procedimiento de deportación si concurren causas legales para ello.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, la noticia tiene un interés particular, pues millones de latinoamericanos se han naturalizado y muchos otros están en trámite. Según la información disponible, la medida afecta a 40 casos concretos que deberán pasar por los tribunales, no a los naturalizados en general. Aun así, organizaciones de asistencia legal suelen recomendar conservar copia de los documentos de naturalización, responder con veracidad a los formularios migratorios y consultar a abogados o entidades acreditadas ante cualquier duda sobre un expediente propio.
Lo previsto ahora es que los casos avancen ante tribunales federales, donde cada acusado podrá presentar su defensa y los jueces decidirán de manera individual. Se espera que el Departamento de Justicia y las agencias migratorias aporten más detalles sobre los expedientes. LATIVA NEWS seguirá la evolución del asunto y actualizará la información conforme existan datos oficiales verificables.
Fuente: Univision
