El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a asociar a los inmigrantes con la delincuencia en su discurso político con el propósito de animar a los votantes republicanos, según informó el 18 de octubre de 2026 la cadena teleSUR. Es el medio quien emplea el término «criminalizar» para describir ese enfoque, una caracterización que corresponde a su análisis y que no ha sido verificada de forma independiente por LATIVA NEWS.

El material disponible de la publicación es limitado: ofrece el planteamiento general, pero no incluye cifras, citas textuales completas ni detalles del acto o la intervención concretos en los que se habría producido el mensaje. Por ello, esta nota se limita a atribuir a teleSUR lo que afirma y a ofrecer el contexto necesario para entender el tema, sin añadir declaraciones que la fuente no recoge.

El momento político explica buena parte del interés. El 3 de noviembre de 2026 se celebrarán en Estados Unidos las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder escaños en estos comicios, de modo que la movilización de la base propia se considera un factor determinante en las semanas previas a la votación.

La inmigración ha sido un eje central del discurso de Trump desde su primera candidatura presidencial, en 2016, y volvió a ocupar un lugar prominente en la campaña de 2024, en la que prometió reforzar el control fronterizo y emprender deportaciones a gran escala. Tras su regreso al poder en enero de 2025, su administración adoptó una serie de órdenes ejecutivas y medidas en esa dirección. Entre ellas figura la ley Laken Riley, firmada ese mismo mes, que amplió la detención obligatoria de inmigrantes sin estatus legal acusados de determinados delitos, como el hurto o la agresión a un agente.

La relación entre inmigración y criminalidad es, además, un asunto de debate permanente entre investigadores y responsables públicos. Distintos estudios académicos y centros de análisis, entre ellos el Instituto Cato y el American Immigration Council, han concluido en diversos trabajos que las tasas de arrestos y de condenas entre los inmigrantes son iguales o inferiores a las de la población nacida en Estados Unidos. Por su parte, representantes de la administración y de sectores republicanos suelen citar casos individuales de delitos cometidos por personas que se encontraban en el país sin autorización para sostener la necesidad de endurecer las políticas. La medición del fenómeno presenta dificultades metodológicas, ya que no todas las jurisdicciones registran el estatus migratorio de los detenidos de la misma manera.

Para la comunidad venezolana y, en general, la latina en Estados Unidos, el debate tiene consecuencias tangibles. En 2025, el Gobierno estadounidense designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798, para acelerar expulsiones de personas a las que vinculaba con esa organización, lo que generó litigios en los tribunales. Organizaciones de defensa de los migrantes han advertido en distintas ocasiones de que la asociación de un grupo delictivo con una nacionalidad puede estigmatizar a cientos de miles de personas que viven y trabajan legalmente en el país o que se encuentran en trámites de regularización. A ello se suman los cambios en el Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de Venezuela, que han marcado la incertidumbre jurídica de muchas familias.

El voto latino, por su parte, es un segmento cada vez más disputado. En 2024 los republicanos mejoraron sus resultados entre los electores hispanos respecto de ciclos anteriores, según análisis de centros como Pew Research, y ambos partidos buscan ahora su respaldo en distritos donde ese electorado resulta decisivo. Esa realidad convive con la diversidad de posturas dentro de la propia comunidad, donde la seguridad, la economía y la inmigración se ponderan de manera distinta según el origen, la generación y el estatus migratorio de cada persona.

De cara a las próximas semanas, se espera que la inmigración continúe presente en los mítines, los debates y la publicidad electoral hasta el 3 de noviembre. Quienes deseen contrastar las afirmaciones que circulen pueden recurrir a fuentes oficiales, como los informes del Departamento de Seguridad Nacional, las estadísticas judiciales y los estudios independientes. La información aquí recogida procede de teleSUR, que asume la responsabilidad de su contenido, y LATIVA NEWS dará seguimiento a los datos oficiales a medida que se publiquen.

Fuente: teleSUR