Un juez federal de Estados Unidos ha frenado la aplicación de las multas migratorias promovidas por la administración del presidente Donald Trump, unas sanciones económicas que, según informa Univision, podían alcanzar cifras de millones de dólares por persona. La noticia fue publicada por ese medio este 19 de octubre de 2026 y el material disponible no detalla todos los términos de la resolución, por lo que su alcance exacto deberá confirmarse con el texto de la orden judicial.
De acuerdo con el titular de Univision, la medida judicial detiene el cobro o la imposición de estas sanciones. La fuente no precisa, en el resumen consultado, qué tribunal emitió la decisión, qué tipo de orden se dictó ni a qué personas o grupos beneficia. Por lo general, un freno de esta naturaleza se adopta de forma cautelar, es decir, mientras el tribunal examina el fondo del asunto, aunque en este caso corresponde a Univision y a los documentos judiciales aclarar ese punto.
Para entender la magnitud de las cifras mencionadas conviene recordar cómo funcionan las sanciones civiles en el sistema migratorio estadounidense. La Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla multas para quienes permanecen en el país después de recibir una orden final de salida. Según cifras difundidas durante 2025, esa sanción se calcula por día y, una vez ajustada por inflación, ronda los 998 dólares diarios. Al acumularse durante meses o años, el total puede crecer de manera considerable, lo que explica que algunas notificaciones alcancen montos muy superiores a la capacidad económica de la mayoría de las familias.
Diversos medios informaron en 2025 de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a enviar notificaciones de multas a personas con órdenes finales de salida o con procesos migratorios abiertos, en algunos casos por decenas o cientos de miles de dólares. Esa práctica formaba parte de una estrategia más amplia de la administración para aumentar la presión sobre quienes se encuentran en el país sin estatus regular y para incentivar la salida voluntaria. Las autoridades han defendido, en términos generales, que estas sanciones están previstas en la ley y que su aplicación busca hacer cumplir las órdenes vigentes.
El terreno judicial en el que se mueve esta decisión también tiene antecedentes recientes. Los jueces federales pueden suspender políticas administrativas cuando se cuestiona su legalidad, por ejemplo, al alegar que no se respetaron los procedimientos que exige la Ley de Procedimiento Administrativo o las garantías del debido proceso. La fuente no indica cuál fue el argumento en este caso. Además, desde el fallo del Tribunal Supremo de junio de 2025 sobre las órdenes judiciales de alcance universal, los tribunales inferiores tienen más limitaciones para extender sus decisiones a todo el país, de modo que el efecto práctico puede variar según se trate de una demanda colectiva, de un grupo de demandantes concreto o de una orden de alcance más amplio.
La discusión sobre los costos económicos asociados a la inmigración no se limita a las multas. La ley fiscal aprobada en julio de 2025 introdujo nuevas tarifas para ciertos trámites, entre ellas una cuota para solicitar asilo, y varias organizaciones de ayuda legal han advertido desde entonces del peso que estos cargos suponen para los solicitantes. Las sanciones por permanencia tras una orden de salida se suman a ese conjunto de medidas, que ha sido objeto de numerosos litigios en distintos tribunales del país.
Para la comunidad venezolana y, en general, para la latina en Estados Unidos, la decisión adquiere relevancia porque muchas familias tienen situaciones migratorias mixtas: personas con procesos pendientes, protecciones temporales modificadas o fechas de audiencia aún por celebrarse. Los nacionales de Venezuela han visto cambios en sus protecciones temporales en los últimos años, lo que ha aumentado la necesidad de información fiable. La fuente no aclara si la orden judicial cubre a algún grupo concreto, por lo que los especialistas suelen recomendar revisar con abogados acreditados u organizaciones reconocidas cualquier notificación oficial recibida y no ignorar los plazos que figuren en ella.
En cuanto a los próximos pasos, lo habitual en estos casos es que el Gobierno federal pueda recurrir la decisión ante un tribunal de apelaciones y que el proceso continúe con audiencias para examinar el fondo del asunto. Habrá que esperar la publicación completa de la resolución y las posibles reacciones del Departamento de Seguridad Nacional y de las organizaciones demandantes. Esta información se atribuye a Univision, que firma el reportaje original; cualquier precisión adicional sobre el alcance de la medida dependerá de los documentos judiciales y de las comunicaciones oficiales que se publiquen en los próximos días.
Fuente: Univision
