Una demanda presentada en Estados Unidos busca frenar dos políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) que, según informó el diario La Nación, endurecen el trámite para obtener la tarjeta de residencia permanente, conocida como green card. La información fue publicada el 12 de octubre de 2026 y se atribuye íntegramente a ese medio; los pormenores de cada medida y del proceso judicial corresponden a la fuente original.
De acuerdo con el titular y el resumen del reporte, el recurso legal se dirige contra dos disposiciones concretas de la agencia y pretende detener su aplicación. El material consultado por Lativa News no precisa el tribunal que examina el caso, la identidad de los demandantes ni el contenido exacto de las normas cuestionadas, por lo que esta redacción se abstiene de describirlos más allá de lo publicado.
Para comprender el alcance de la noticia conviene recordar qué es el Uscis. Se trata de la agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional que tramita las solicitudes de beneficios migratorios: residencia permanente, naturalización, permisos de trabajo, prórrogas de estadía y protección humanitaria, entre otros. Sus políticas internas, manuales y formularios determinan en buena medida cómo se evalúa cada petición y qué pruebas debe presentar el solicitante.
La green card acredita el derecho a vivir y trabajar de forma permanente en el país. Puede obtenerse por distintas vías: vínculos familiares con ciudadanos o residentes, ofertas de empleo patrocinadas por una empresa, asilo o condición de refugiado, programas humanitarios y la lotería de visas de diversidad. Cada categoría tiene requisitos propios, cupos anuales en algunos casos y plazos de espera que pueden extenderse durante meses o años, según el país de origen y el tipo de petición.
En el caso de las personas que ya se encuentran en territorio estadounidense, el procedimiento habitual es el ajuste de estatus, que se solicita mediante el formulario I-485. Este trámite suele exigir documentación de identidad y de antecedentes, un examen médico realizado por un profesional autorizado, el pago de tasas y, con frecuencia, una entrevista presencial. Por ese motivo, cualquier cambio en los criterios de evaluación, en las pruebas exigidas o en la forma de presentar la solicitud puede influir en los tiempos de resolución y en la preparación del expediente.
Acudir a los tribunales federales para cuestionar políticas administrativas es una práctica conocida en el sistema estadounidense. Organizaciones, asociaciones profesionales o particulares pueden sostener que una medida no se ajusta a la ley o que la agencia no siguió el procedimiento exigido, a menudo con base en la Ley de Procedimiento Administrativo. Los jueces, por su parte, pueden desestimar el recurso, resolver sobre el fondo o dictar medidas cautelares que suspendan temporalmente la aplicación de una norma mientras se analiza el caso. La fuente no detalla, por ahora, qué argumentos jurídicos se plantean en esta demanda ni qué tipo de medida se solicita.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, el asunto resulta relevante por una razón práctica. Una parte considerable de las solicitudes de residencia de estos colectivos se apoya en vínculos familiares, en ofertas de empleo o en procedimientos de asilo, de modo que los cambios en el trámite pueden traducirse en nuevos requisitos documentales o en variaciones de plazos. Los especialistas en la materia suelen recomendar consultar las instrucciones vigentes en el sitio oficial del Uscis, verificar la versión actualizada de cada formulario y recurrir a abogados o representantes acreditados, evitando intermediarios sin autorización.
En cuanto a lo que cabe esperar, el siguiente paso es que el tribunal competente dé curso a la demanda y que la agencia tenga la oportunidad de responder a los planteamientos, conforme al procedimiento habitual en estos casos. El material de origen no indica fechas de audiencias ni plazos de resolución. Cualquier decisión judicial que afecte la vigencia de las políticas deberá ser comunicada por las partes o por el propio Uscis, y será esa información oficial la que determine si los solicitantes deben ajustar sus trámites en curso.
Fuente: La Nación
