Una organización no gubernamental ha denunciado la deportación de más de 500 migrantes desde Estados Unidos hacia países de África, entre ellos ciudadanos venezolanos, según informó el canal NTN24 el 8 de octubre de 2026. La cifra procede de la propia entidad y, de acuerdo con el material consultado, no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses, que hasta ahora no figuran con una respuesta pública en el reporte.
El señalamiento apunta a una práctica conocida en el ámbito migratorio como deportación a terceros países: el traslado de una persona no a su nación de origen, sino a otro Estado con el que Washington ha alcanzado algún tipo de acuerdo. La información disponible no precisa los países de destino concretos, las fechas de los vuelos ni los perfiles individuales de los afectados, de modo que esos extremos deberán ser aclarados por la organización o por las instituciones competentes. Por ello, conviene leer los datos como una denuncia atribuida a su fuente y no como un balance oficial.
El mecanismo no es nuevo en el derecho migratorio estadounidense. La Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla que, en determinadas circunstancias, un extranjero con orden de expulsión pueda ser enviado a un país distinto del suyo. Sin embargo, durante 2025 el Gobierno del presidente Donald Trump intensificó el recurso a esta vía como parte de su política de endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias. En junio de ese año, el Tribunal Supremo permitió que continuaran los traslados a terceros países mientras avanzaba el litigio, después de que un juez federal en Massachusetts hubiera exigido que los migrantes recibieran aviso previo y la oportunidad de manifestar su temor a ser perseguidos o torturados en el lugar de destino.
En aquel periodo, medios internacionales informaron de traslados hacia países africanos como Esuatini, Sudán del Sur y Ghana, así como de acuerdos o conversaciones con naciones como Ruanda y Uganda para recibir a personas expulsadas de territorio estadounidense. Organizaciones de derechos humanos y abogados cuestionaron entonces las condiciones de acogida, la ausencia de vínculos de los deportados con esos países y las garantías procesales. El Gobierno estadounidense, por su parte, ha defendido estas medidas como herramientas legales para ejecutar órdenes de expulsión firmes, y algunos de los gobiernos receptores han presentado esos acuerdos como decisiones soberanas.
La presencia de venezolanos entre los afectados tiene un trasfondo particular. Estados Unidos acogió en la última década a cientos de miles de ciudadanos de ese país que salieron por la crisis política y económica, y muchos accedieron a mecanismos temporales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el parole humanitario, varios de los cuales fueron revisados o cancelados por la actual administración. Además, la relación diplomática entre Washington y Caracas ha condicionado de forma intermitente los vuelos de repatriación directa. En marzo de 2025, otro episodio centró la atención internacional: el envío de más de doscientos venezolanos a una prisión en El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, una decisión que fue objeto de litigios y cuyos detenidos regresaron a Venezuela en julio de ese año en el marco de un intercambio de prisioneros.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, la denuncia reaviva interrogantes prácticas sobre los derechos de quienes enfrentan un proceso de expulsión. Los abogados de inmigración suelen recordar que toda persona tiene derecho a ser notificada de su caso, a comparecer ante un juez de inmigración cuando corresponda y a plantear temores de persecución o tortura, incluidos los amparados por la Convención contra la Tortura. Quienes tengan dudas sobre su situación pueden acudir a representantes legales acreditados; la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) publica listados de proveedores de servicios legales gratuitos o de bajo costo, y las organizaciones comunitarias suelen orientar sobre los recursos disponibles. También se aconseja desconfiar de los llamados notarios o intermediarios no autorizados que ofrecen soluciones rápidas.
El reporte de NTN24 no anticipa próximos pasos oficiales. Cabe esperar que la organización aporte mayor detalle sobre su recuento, que las autoridades estadounidenses y los países receptores respondan o confirmen las cifras, y que los tribunales continúen examinando la legalidad de los traslados a terceros países. LATIVA NEWS dará seguimiento a la información conforme se disponga de datos verificados por fuentes oficiales.
Fuente: NTN24
