Al menos 5.000 venezolanos residentes en Estados Unidos perderán su permiso de trabajo como consecuencia del vencimiento de la última extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), según informó el diario El Nacional. La medida afecta a quienes dependían de esta prórroga para mantenerse en situación regular dentro del mercado laboral estadounidense, y su expiración representa una transformación significativa en las condiciones migratorias de una porción de la comunidad venezolana en el país.
De acuerdo con la fuente, los beneficiarios afectados son aquellos que se acogieron a la extensión más reciente del TPS venezolano y que no lograron consolidar otro mecanismo de protección migratoria antes de su caducidad. El permiso de trabajo —conocido formalmente como Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés)— está directamente vinculado al estatus TPS, por lo que su expiración implica, de manera automática, la pérdida de la habilitación para trabajar de forma legal. Según El Nacional, la cifra de 5.000 personas corresponde a quienes se encontraban bajo el amparo exclusivo de esa última extensión y no contaban con otra categoría migratoria activa.
El TPS es un programa administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos que otorga protección temporal a ciudadanos de países designados que atraviesan condiciones extraordinarias, tales como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias graves. Venezuela fue designada por primera vez bajo esta categoría en marzo de 2021, durante la administración del presidente Joe Biden, en reconocimiento de la prolongada crisis política, económica y social que atraviesa el país sudamericano. Desde entonces, el programa ha sido renovado y extendido en varias ocasiones, acumulando cientos de miles de beneficiarios venezolanos a lo largo de los años.
El programa TPS no otorga residencia permanente ni abre de forma directa una vía hacia la ciudadanía, pero sí permite a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras dure la designación. Esta distinción es fundamental para entender la vulnerabilidad de quienes dependen de él: al tratarse de un estatus temporal y renovable por decisión del Ejecutivo federal, cualquier cambio en la política migratoria de la administración de turno puede alterar de manera drástica su situación legal. La administración del presidente Donald Trump, que retomó el poder en enero de 2025, ha revisado y, en varios casos, revertido extensiones del TPS para distintas nacionalidades, lo que ha generado incertidumbre generalizada entre las comunidades inmigrantes beneficiarias.
En el caso venezolano, la comunidad en Estados Unidos es una de las más numerosas y de crecimiento más acelerado en la última década. Según datos del Pew Research Center y otras organizaciones especializadas, el número de venezolanos en territorio estadounidense se multiplicó de forma notable entre 2015 y 2024, impulsado por la emigración masiva derivada de la crisis humanitaria en Venezuela. Muchos de estos migrantes llegaron sin documentación formal y buscaron en el TPS, el asilo u otros mecanismos legales una forma de regularizar su estancia. La pérdida del permiso de trabajo no solo afecta los ingresos individuales, sino también el acceso a derechos laborales básicos, la posibilidad de obtener licencias de conducir en varios estados y la contratación de seguros, entre otras implicaciones prácticas.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, la expiración de esta extensión del TPS representa un recordatorio de la fragilidad de los mecanismos de protección temporal frente a los cambios de política migratoria. Organizaciones de defensa de inmigrantes han señalado en términos generales que quienes pierdan su estatus TPS deben consultar con un abogado de inmigración para explorar opciones alternativas, como solicitudes de asilo pendientes, visas por razones humanitarias u otras categorías disponibles. La situación también puede repercutir en empleadores que deben verificar la autorización de trabajo de sus empleados, quienes podrían verse en la obligación de prescindir de trabajadores cuya documentación haya caducado.
Según lo reportado por El Nacional, los próximos pasos para los afectados dependerán en gran medida de si el gobierno federal adopta nuevas medidas de protección, renueva el programa o establece períodos de gracia adicionales. Por el momento, la fuente no indica que exista una extensión adicional planificada, por lo que las personas en esta situación deberán gestionar su condición migratoria de acuerdo con las opciones legales disponibles en el momento del vencimiento. Las organizaciones de asistencia legal a inmigrantes venezolanos en ciudades como Miami, Houston y Nueva York han anunciado jornadas de orientación para atender las consultas de quienes se ven directamente afectados por esta medida.
Fuente: El Nacional
