El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) puso en marcha un nuevo tarifario para 2027 que modifica los montos de varios trámites de carácter humanitario, entre ellos el asilo, el permiso de trabajo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole, según informó el diario La Nación el 5 de octubre de 2026. La actualización afecta a solicitantes de distintas nacionalidades que residen o aspiran a permanecer legalmente en el país.

El material publicado por el medio se centra en el cambio general de los costos y no detalla, en el resumen disponible, cada una de las cifras ni la fecha exacta de aplicación. Por ese motivo, los montos concretos de cada formulario deben consultarse en las comunicaciones oficiales del Uscis y en el Registro Federal, que son las fuentes que fijan el importe vigente y el calendario de entrada en vigor.

Para comprender el alcance del anuncio conviene recordar el marco legal reciente. En julio de 2025, el Congreso aprobó la ley de presupuesto conocida como H.R. 1 u «One Big Beautiful Bill Act», que introdujo por mandato legal cargos que antes no existían o que se encontraban muy por debajo. Entre ellos figuran una tarifa por presentar la solicitud de asilo, un cargo anual mientras el caso permanece pendiente, y costos específicos para el permiso de trabajo de solicitantes de asilo, beneficiarios de parole y titulares de TPS. Según la propia norma, esos importes se ajustan cada año conforme a la inflación, lo que explica que el tarifario se revise de forma periódica.

Hasta entonces, el asilo defensivo y el afirmativo habían estado exentos de tarifa de presentación, una particularidad que distinguía a Estados Unidos de otros países. La gratuidad respondía al principio de que quien huye de la persecución no debería verse obstaculizado por barreras económicas. Los nuevos cargos alteraron esa práctica y generaron un debate entre organizaciones de defensa de migrantes, que advierten sobre el efecto en personas con pocos recursos, y funcionarios que sostienen que las tarifas ayudan a financiar el sistema.

Esa última razón es central en la lógica del Uscis. A diferencia de otras agencias federales, la entidad se financia en gran medida con las tarifas que pagan los solicitantes, y no con fondos asignados directamente por el Congreso. Por eso, cada revisión de costos suele justificarse por la necesidad de cubrir la operación, el procesamiento de casos y los plazos de atención. La anterior reforma integral de tarifas entró en vigor el 1 de abril de 2024 y reorganizó numerosos formularios, además de ampliar ciertas categorías de exención o reducción para quienes demuestran dificultades económicas.

Los cuatro trámites mencionados tienen perfiles distintos. El asilo protege a quienes temen persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. El TPS ampara temporalmente a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres u otras condiciones extraordinarias. El parole permite la entrada o permanencia por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo. Y la autorización de empleo, conocida como EAD, habilita a trabajar legalmente mientras se resuelve el caso. Muchas personas dependen de varios de ellos de manera simultánea o sucesiva, de modo que un cambio en los costos puede multiplicar el gasto total.

Para la comunidad venezolana y, en general, para la latina en Estados Unidos, el asunto tiene relevancia práctica. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Honduras han figurado entre los países cuyos nacionales recurren con frecuencia al asilo, al TPS o al parole, y las decisiones administrativas y judiciales sobre estos programas han cambiado con rapidez en los últimos años. Quienes tienen un caso en curso o próximo a renovarse deberían revisar con antelación qué formulario corresponde y qué importe aplica, porque el Uscis puede rechazar solicitudes presentadas con una tarifa incorrecta, lo que obliga a reiniciar el proceso y puede afectar los plazos.

De cara a los próximos meses, se espera que el Uscis publique en su sitio web oficial las tablas actualizadas y las instrucciones de cada formulario, y que organizaciones comunitarias y abogados de inmigración difundan guías con los nuevos importes. Los solicitantes pueden acudir a representantes legales acreditados o a entidades sin fines de lucro reconocidas, y comprobar siempre en u日 la página oficial del organismo la edición vigente del formulario y la posibilidad de solicitar una exención de tarifa antes de enviar su documentación.

Fuente: La Nación