El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó una nueva ordenanza de protección y tenencia responsable de animales que establece una multa de 200 euros para los propietarios de perros que no limpien los orines de sus mascotas en la vía pública, según informó el medio vasco orain.eus el 25 de septiembre de 2026. La normativa, que entra a formar parte del marco regulatorio municipal, pretende mejorar la convivencia entre vecinos y reforzar la higiene urbana en la capital del País Vasco.
De acuerdo con la información publicada por orain.eus, la ordenanza contempla la obligación expresa de los dueños de animales de compañía de retirar no solo las heces, práctica ya habitual en muchos municipios españoles, sino también los restos de orina que sus perros depositen sobre aceras, fachadas, mobiliario urbano y otras superficies de uso común. La sanción económica fijada para quienes incumplan esta disposición asciende a 200 euros, una cifra que busca actuar como elemento disuasorio ante una conducta que genera frecuentes quejas entre los habitantes de la ciudad.
Según la misma fuente, la normativa aprobada abarca un espectro más amplio de obligaciones y derechos relacionados con la tenencia de animales en el municipio. La ordenanza regula aspectos como la identificación obligatoria mediante microchip, el acceso de mascotas a determinados espacios públicos y las condiciones mínimas de bienestar animal que deben garantizar los propietarios. La aprobación del texto supone la actualización de una regulación anterior considerada insuficiente para afrontar la realidad actual de la convivencia entre personas y animales de compañía en entornos urbanos.
La cuestión de la limpieza de orines de perros en espacios públicos ha cobrado relevancia en numerosas ciudades europeas durante los últimos años. A diferencia de la recogida de excrementos sólidos, cuya obligatoriedad está ampliamente extendida y cuenta con mayor aceptación social, la limpieza de la orina animal ha sido históricamente más difícil de regular y de hacer cumplir por parte de las autoridades municipales. Diversas ciudades de España, como Barcelona o Madrid, han ensayado campañas de concienciación y medidas técnicas —como la instalación de zonas especiales para mascotas o el uso de soluciones neutralizadoras en aceras— para reducir el impacto de este tipo de residuos sobre el entorno urbano.
El debate sobre la convivencia entre propietarios de mascotas y el resto de la ciudadanía se ha intensificado a medida que el número de animales de compañía ha crecido de forma sostenida en los hogares españoles. Según datos del sector veterinario, España cuenta con varios millones de perros registrados, lo que convierte a las ciudades en espacios donde la gestión de la presencia animal en la calle requiere marcos normativos claros y actualizados. En este contexto, la tendencia regulatoria apunta a endurecer las obligaciones de los propietarios al tiempo que se amplían los derechos y espacios de acceso para los animales.
Para las comunidades latinas y venezolanas residentes en España y en otras ciudades de Europa, este tipo de normativas resulta de interés práctico directo, dado que muchos hogares de origen latinoamericano han incorporado mascotas como parte de su vida cotidiana en el país de acogida. Conocer las obligaciones legales asociadas a la tenencia de animales de compañía en los municipios donde residen —y las posibles sanciones por incumplimiento— contribuye a una integración más informada y a evitar gastos imprevistos derivados de multas administrativas.
Según lo publicado por orain.eus, la ordenanza ya ha sido formalmente aprobada por el consistorio vitoriano, por lo que corresponde a las autoridades locales definir los mecanismos concretos de vigilancia y control para su aplicación efectiva. Los próximos meses serán determinantes para conocer de qué manera el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz articulará la inspección en la vía pública y si se prevén campañas informativas dirigidas a los propietarios de mascotas antes de que comiencen a imponerse las sanciones contempladas en el nuevo texto normativo.
Fuente: Orain
