El gobierno del presidente Donald Trump evalúa utilizar barcos para trasladar a personas sujetas a deportación, una opción que, según informó la cadena Univision, implicaría travesías de varios días y un gasto que podría alcanzar millones de dólares. La información, difundida a comienzos de octubre, describe una posibilidad en estudio y no una medida adoptada ni un calendario de implementación.
De acuerdo con el medio, el principal rasgo de este planteamiento es su dimensión logística: a diferencia de un vuelo, que puede completarse en pocas horas, un traslado por mar exigiría jornadas de navegación, tripulación, personal de custodia y atención a los pasajeros durante todo el trayecto. Univision señala que esa duración y los costos asociados figuran entre los elementos que se analizan. El material consultado no detalla qué buques se emplearían, desde qué puertos zarparían ni hacia qué destinos, por lo que conviene esperar confirmaciones oficiales antes de dar por establecidos esos extremos.
Hasta ahora, la columna vertebral de las expulsiones de personas que no son de países vecinos ha sido el transporte aéreo. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera vuelos de remoción, tanto con aeronaves contratadas a empresas privadas como mediante otros arreglos, y mantiene rutas regulares hacia diversos países de América Latina, el Caribe, África y otras regiones. Las expulsiones hacia México, en cambio, suelen realizarse por vía terrestre. Un cambio hacia el mar supondría, por tanto, una modificación notable en la forma de ejecutar las órdenes de deportación.
El mar no es un terreno completamente nuevo en la política migratoria estadounidense. Desde las décadas de 1980 y 1990, la Guardia Costera intercepta embarcaciones en aguas del Caribe y el estrecho de la Florida, y devuelve a sus países de origen a ciudadanos cubanos y haitianos que no cumplen los criterios para permanecer en territorio estadounidense, conforme a los acuerdos y procedimientos vigentes. Asimismo, la base naval de Guantánamo, en Cuba, ha sido utilizada en distintos momentos para alojar a migrantes, y en 2025 la actual administración anunció que volvería a emplearla con ese fin. Esos precedentes, sin embargo, se refieren a interceptaciones y a estancias en instalaciones concretas, no a un sistema de deportación masiva por vía marítima.
La discusión se inscribe en un contexto más amplio. Desde el inicio de su segundo mandato, el gobierno de Trump ha hecho de la aplicación de la ley migratoria una de sus prioridades y ha buscado ampliar la capacidad operativa para ejecutar expulsiones. En ese marco se han suscrito o explorado acuerdos con terceros países para recibir a personas que no son nacionales suyos, una práctica que ha generado debate jurídico y ha llegado a los tribunales. Cada nueva modalidad de traslado suele enfrentar preguntas sobre su base legal, su financiamiento y las garantías para quienes son trasladados, y ello ocurre con independencia de la administración de turno.
Desde el punto de vista económico, el costo es un factor central. Las estimaciones sobre lo que cuesta expulsar a una persona varían según el destino, el tipo de aeronave y el tiempo de detención previo, y no existe una cifra única aceptada por todas las partes. Cualquier alternativa marítima tendría que compararse con esa referencia y requeriría, además, disponibilidad de buques y recursos presupuestarios aprobados dentro de los cauces habituales, entre ellos la supervisión del Congreso.
Para la comunidad venezolana y latina en Estados Unidos, la noticia es, por ahora, una señal de que la discusión sobre los mecanismos de deportación sigue abierta, más que un cambio con efectos inmediatos. En el caso de los venezolanos, los vuelos de repatriación han dependido de acuerdos y de una relación diplomática entre ambos países que ha variado con el tiempo. Los especialistas en inmigración recomiendan a las familias mantenerse informadas a través de fuentes oficiales, revisar el estado de sus casos ante los tribunales o ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y acudir a abogados o a organizaciones acreditadas, evitando a intermediarios que ofrecen soluciones sin respaldo legal.
Queda pendiente que el Departamento de Seguridad Nacional o ICE confirmen, precisen o descarten públicamente la propuesta, y que se conozcan detalles como el alcance, el presupuesto y las condiciones de los traslados. Si la iniciativa avanzara, es previsible que organizaciones civiles, expertos legales y legisladores soliciten información adicional. LATIVA NEWS seguirá el asunto y actualizará los datos conforme existan pronunciamientos oficiales; la información aquí expuesta se atribuye a Univision.
Fuente: Univision
