El Gobierno de España formalizó la regulación de la inteligencia artificial mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informó La Gaceta de Canarias. La normativa fija restricciones al uso de esta tecnología y contempla sanciones económicas que pueden alcanzar los 35 millones de euros en los casos de mayor gravedad.
De acuerdo con la fuente, el marco regulatorio responde al Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones nacionales para supervisar el desarrollo y la aplicación de sistemas automatizados. España se posiciona así entre los primeros países del bloque en trasladar formalmente ese reglamento a su ordenamiento jurídico interno.
La normativa clasifica los usos de la inteligencia artificial según el nivel de riesgo que representan para los ciudadanos. Las aplicaciones consideradas de alto riesgo —entre las que se incluirían sistemas utilizados en procesos de selección laboral, acceso a servicios financieros o toma de decisiones en el ámbito sanitario— quedan sujetas a requisitos más estrictos de transparencia, supervisión humana y auditoría previa.
Las sanciones previstas escalan en función de la gravedad de la infracción. Según la información disponible, los usos prohibidos expresamente por la regulación europea, como determinadas formas de vigilancia masiva o la manipulación subliminal de conductas, concentran las multas más elevadas, que podrían llegar a los 35 millones de euros o al 7 % de la facturación anual global de la empresa infractora, aplicándose la cifra mayor en cada caso.
La publicación en el BOE habilita a las autoridades competentes a iniciar la supervisión activa de los sistemas de inteligencia artificial que operen en territorio español, aunque la fuente no precisó la fecha exacta de entrada en vigor ni los organismos concretos encargados de la inspección y la aplicación de las sanciones.
Fuente: La Gaceta de Canarias
